Durante las primeras diez semanas de la Administración municipal de Carlos Aguilera Andrade en Lerdo han prevalecido los conflictos políticos y los problemas. Muy poco se ve todavía de la forma de gobernar del nuevo alcalde. Sus acciones, sean muchas o pocas, han quedado eclipsadas por el estridente ruido generado por la confrontación que el priista mantiene con los integrantes del Ayuntamiento anterior, de extracción panista, quienes más preocupados por limpiar su imagen y manchar la de sus sucesores, nada aportan para aclarar y ayudar a resolver la difícil situación por la que atraviesa la llamada Ciudad Jardín. Lo más preocupante es que a la fecha no se ve cuándo ni por dónde pueda el Municipio salir del enorme bache en el que se encuentra.
La elección del domingo 1 de julio y los días que le sucedieron, fueron el primer indicio de las complicaciones que habrían de presentarse en la transición de poderes y los días iniciales de la nueva Administración. El entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Aguilera, obtuvo la victoria en esa jornada con un porcentaje cercano al 52 por ciento de los votos. Carlos Morales Núñez, del Partido Acción Nacional, quien alcanzó poco más del 41 por ciento de los sufragios, no reconoció el triunfo de su contrincante y junto a los aspirantes de otros municipios decidió impugnar el proceso electoral y llevarlo hasta la última instancia.
Fue así que la ratificación del triunfo de Aguilera por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se dio un día antes de la ceremonia de cambio de poderes, que se llevó a cabo el 31 de agosto. A lo largo de los dos meses que tardó el fallo definitivo, no hubo acercamiento entre la Administración saliente, encabezada por Rosario Castro Lozano y su relevo Antonio Olivas Ibarra, y el equipo de transición de quienes formarían el nuevo Ayuntamiento. La entrega-recepción se hizo “sobre las rodillas” y con muy poca transparencia.
Los últimos días de Olivas Ibarra al frente del Ayuntamiento fueron críticos. Cortes de luz a edificios públicos por adeudos con la Comisión Federal de Electricidad; demora en el pago de ahorros a los trabajadores de distintos departamentos; desabastecimiento de agua potable en varias comunidades rurales, y enfrentamientos con campesinos del ejido Lerdo por los terrenos en donde se pretende construir la Planta Tratadora de Aguas Residuales, fueron algunos de los problemas que les estallaron a los panistas a punto de soltar la estafeta.
Pero no sólo fueron los problemas. Varias obras anunciadas por la Administración anterior quedaron pendientes, de entre las que destaca: la ya mencionada planta tratadora, el Teatro de la Ciudad, la remodelación del mercado Donato Guerra, la rehabilitación del Vivero de Lerdo y la construcción de un Hospital General y de un edificio para la Dirección de Seguridad Pública Municipal. A todo lo anterior hay que sumar las deficiencias en los servicios de alumbrado público, recolección de basura y vigilancia policiaca, las cuales se agudizaron conforme el ocaso del Gobierno panista se acercaba.
El actual Ayuntamiento inició denunciando la situación crítica en la que había recibido el Municipio y las presuntas irregularidades en las que habían incurrido funcionarios salientes. Con gran alharaca, el alcalde Carlos Aguilera anunció que destaparía todas las “trácalas, trampas y cochinadas que se hicieron en la Administración pasada” y que interpondría demandas para que se procediera en contra de los responsables. Las anomalías denunciadas van desde desvíos de recursos hasta deudas no saldadas con proveedores e instituciones gubernamentales, pasando por fraudes, faltantes en recursos para obras, otorgamiento de compensaciones extraordinarias y adeudos de ex servidores públicos en el rubro de gastos por comprobar.
A todas estas acusaciones, los ex funcionarios y, sobre todo, el hermano de la ex alcaldesa y actual titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, Juan de Dios Castro Lozano, han respondido que no hay desvíos ni faltantes y que la culpa de los adeudos dejados por la Administración anterior es del Gobierno de Durango, que encabeza Ismael Hernández Deras, por no haber otorgado las aportaciones que había prometido a Lerdo. La reacción del Estado no tardó en llegar y el gobernador aseguró que su Administración “ni un cinco” le debía a ese Municipio.
Para abonar un poco más a esta patética historia, el alcalde Aguilera Andrade anunció que “volarían pelos” una vez que denunciara y procediera contra las personas responsables de la crisis lerdense. Pero dicha denuncia no ha llegado y ante la tardanza en el cumplimiento de su palabra, el edil ahora ha declarado que la Contraloría Estatal y las entidades superiores de los congresos federal y local “tienen la facultad de interponer la querella”. ¿Habíase visto alguna vez semejante aberración?
Mientras los pleitos continúan, la ciudadanía de Lerdo sufre las consecuencias de un bipartidismo que se ha vuelto nocivo para el Municipio y espera, en medio de la tormenta política y como espectador de esta mala comedia representada por quienes se supone deberían ser sus servidores, a que sus problemas de agua, drenaje, alumbrado, pavimento y seguridad sean resueltos.
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