ACCIONES | EXIGIRÁN UN INCREMENTO SALARIAL DE EMERGENCIA DE 30%
Aseguran que haber signado un convenio con los dueños de Maseca y MINSA es ?dejar a la Iglesia en manos de Lutero?.
EL UNIVERSAL
México, DF.- Diputados del PRD y PRI reprocharon el convenio que ayer firmó la Presidencia de la República con empresarios maiceros, para determinar un tope de 8.50 pesos en el kilo de tortillas.
El diputado del PRI, Samuel Aguilar aseguró que ?estábamos mejor cuando estábamos peor?, en referencia a que antes del convenio la tortilla se vendía en seis pesos, y sólo en algunos lugares en más de ocho pesos.
?El Gobierno Federal ha cedido a las presiones de la especulación y de los acaparadores, es un pésimo acuerdo que deja la posibilidad de una nueva alza de precios en tres meses cuando dicho convenio se termine y no haya garantías de nada?, señaló el diputado priista.
En entrevista, en la Cámara de Diputados, el diputado priista afirmó que haber signado un convenio con los dueños de Maseca y MINSA es ?dejar a la iglesia en manos de Lutero?.
Lo anterior, en referencia a que el pasado miércoles en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, todos los partidos exhortaron a los secretarios de Agricultura y Economía a presentar denuncias penales en contra de los acaparadores, específicamente en referencia a Maseca y MINSA.
En tanto, Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, calificó como una ?puñalada? hacia el pueblo el convenio que suscribió el presidente y los ?acaparadores? del maíz, ya que con esta acción se oficializó el incremento de la tortilla.
Frente a la Secretaría de Hacienda, donde se realizó una manifestación de protesta por el aumento a este producto, adelantó que exigirán un incremento salarial de emergencia de 30%, por lo que buscará la alianza con otras fuerzas políticas, organizaciones sociales y sindicatos.
El legislador criticó al Gobierno Federal por hacer acuerdos con los ?acaparadores? del maíz, por lo que insistió en que continuarán las movilizaciones de resistencia a la política económica que emprende esta Administración.
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa, advirtió que serán vigilantes del cumplimiento del acuerdo garantiza una primer etapa para controlar el precio de la tortilla en 8.5 pesos.
Sin embargo, el priista advirtió que no es suficiente ni ideal este precio y que debe redoblarse el esfuerzo del Gobierno Federal por reducir el precio de la tortilla.
Tortillerías que no firmaron no están obligas a bajar precios
Las agrupaciones que no firmaron el Acuerdo para Estabilizar el Precio de la Tortilla decidirán si respetan el rango de venta del kilogramo de tortilla de entre 7.50 y 8.50 pesos, informó la directora del Consejo Empresarial de la Industria del Maíz y Derivados, Greta Villaseñor.
Precisó que fijar el precio del producto en ese límite no implica una imposición, como el control de precios por parte del Gobierno Federal.
El acuerdo explicó deberá ser respetado por las tortillerías afiliadas a las agrupaciones que lo firmaron, de lo contrario serán sancionadas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
Greta Villseñor indicó que ?las agrupaciones que no firmaron el acuerdo tienen la absoluta libertad de sumarse o no y cada agrupación podrá responder sólo por su tortillería afiliada? .
Ve la Cámara Agrícola positivas las medidas
Teodomiro Guzmán Estrada, gerente de la Cámara Agrícola y Ganadera de Torreón, explicó que las medidas que está adoptando el Gobierno Federal para disminuir los precios del maíz son muy positivas, ya que se evitará que exista acaparamiento del producto y especuladores que quieran sacar ventaja de la situación, pues en el mercado internacional hay movilización de precios para el maíz.
?No es válido que se juegue con un producto básico de la dieta alimenticia del mexicano, que viene siendo el maíz, por lo que las medidas que se están tomando, por ejemplo en el sentido de detectar a todos aquellos acaparadores y que sean sancionados fuertemente, son medidas muy adecuadas para que en lo sucesivo no vaya a ocurrir algo similar?, manifestó.
No obstante, expuso que estas medidas no son suficientes, ya que se requiere una planeación de acuerdo a las características propias del clima y suelos, para que existan regiones exclusivamente productoras de maíz, en lo que se refiere a los estados de Jalisco, México o Sonora, que cuentan con las condiciones apropiadas para ello. (Por Fabiola Pérez-Canedo)
Los 13 puntos del Acuerdo
La Subdelegación federal de la Secretaría de Economía en Gómez Palacio, dio a conocer el contenido del acuerdo para estabilizar el precio de la tortilla en un máximo de 8.50 pesos por kilo, el cual se firmó ayer entre empresarios y productores vinculados con el presidente de México, Felipe Calderón.
El acuerdo contempla los siguientes puntos:
1. Diconsa venderá el precio de la tortilla a 3.50 pesos el kilo y el kilo de harina de maíz a cinco pesos, en las 22 mil tiendas del país.
2. Los agentes comerciales que abastecen y venden maíz a los industriales del nixtamal, venderán el producto a 3.50 pesos el kilo, envasado y entregado en molino en la capital del país.
3. Los productores de harina de la Cámara del Maíz venderán el producto a cinco pesos el kilo.
4. Las empresas afiliadas a la ANTAD y Wal Mart no subirán el precio de la tortilla que seguirán ofreciendo a 6.50 pesos, en los seis mil 900 puntos de venta.
5. Bimbo ofrecerá las tortillas Milpa Real a 8.50 pesos en los 300 mil puntos de venta.
6. Los empresarios tortilleros agrupados venderán el alimento en 8.50 pesos máximo.
7. Se incrementará el cupo de importación del maíz libre de arancel.
8. Se aumentará la exportación de maíz para forraje animal.
9. Se incentivarán apoyos para la comercialización y competitividad.
10. Se preparará con los sectores correspondientes, una reserva estratégica de maíz para consumo humano.
11. Profeco intensificará la vigilancia en las tortillerías y pone a disposición el siguiente número para hacer denuncias: 01-800-468-877-22.
12. La PGR atenderá las denuncias de Profeco o ciudadanas de manera inmediata, para sancionar el acaparamiento y ocultamiento que podría tener una pena de tres a diez años de cárcel.
13. El acuerdo finalizará el 30 de abril, fecha en la que se analizará su probable prórroga.
FUENTE: Subdelegación federal de SE en Gómez Palacio
