Organizaciones sociales defensoras de los derechos de la infancia cuestionaron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Lydia Cacho.
En rueda de prensa representantes de diversas agrupaciones calificaron de "insensibles" a los jueces en cuanto a los derechos de los niños, así como de desconocer los tratados internacionales en los que se establecen mecanismos sobre cómo actuar en esos casos.
Alberto Athié, de la organización Iniciativa Ciudadana para el Diálogo Democrático, consideró necesario que los magistrados rindan cuentas por sus veredictos y para ello sugirió la creación de una contraloría social que de seguimiento a su trabajo.
Por su parte, Angélica de la Peña, representante de la Red de Investigación por la Vida e Instituciones, dijo que la determinación del alto tribunal de no considerar grave la violación a los derechos de la periodista manda un mensaje "terrible" al gremio periodístico.
A su vez, Joaquín Aguilar, de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en ingles), aseveró que con su resolución los ministros faltaron a su mandato constitucional y dejaron a la niñez en la indefensión.
