Es necesaria una mayor capacitación a los cuerpos policiacos, a fin de evitar abusos de autoridad en contra de los ciudadanos, consideró José Luis López Ibáñez.
La reforma judicial federal no garantiza una mejor aplicación de la justicia, pues se corre el riesgo de más abusos por parte de las corporaciones policiacas y agentes del Ministerio Público.
Así lo cuestionó el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), José Luis López Ibáñez, quien añadió que en la actualidad estas autoridades cometen abusos sin tener las facultades, por lo que de contar con ellas los excesos serán mayores.
CUESTIONAMIENTOS
El Congreso de la Unión aprobó la reforma judicial que, entre otros temas, permite el allanamiento de casas-habitación en caso de que esté en riesgo una vida, ya sea por información directa o indirecta, con la salvedad de que debe avisarse de inmediato a una autoridad superior.
Sin embargo, el también Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local resaltó que existe un “hilo muy delgado que se puede romper con facilidad” porque las policías y ministerios públicos no están capacitados.
“Se debe reconocer que la policía no ha podido enfrentar a la delincuencia organizada, ha perdido la batalla, aunque esto es facilitarles catear un domicilio cuando considere que esté en peligro la vida de las personas o flagrancia, pero se prestará a muchos abusos contra ciudadanos”, expresó.
CAPACITACIÓN
Junto con esta reforma, dijo, se debe poner especial atención a la procuración de justicia, capacitación en los agentes del Ministerio Público, así como en los policías el respeto a los derechos humanos.
Aunado a esto, manifestó que deberá analizarse la reforma para ver si no se contrapone a los artículos 14 y 16 constitucionales, en el sentido de que las personas no pueden ser privadas de sus posesiones y pertenencias; asimismo, no ser molestado en su domicilio sin una orden de un juez.
“Están en riesgo estas garantías por la incapacidad de quienes van a aplicar las leyes a nivel federal porque no hay una suficiente capacitación”, concluyó.
Contexto
La reforma de judicial aprobada en el Congreso de la Unión pretende establecer el marco constitucional y legal que reestructure el sistema de impartición de justicia en materia penal y pone en marcha una política de combate a la delincuencia organizada.
Se crea un sistema acusatorio oral para fomentar la transparencia, además de garantizar una relación entre el juez y las partes para que los procedimientos penales sean más ágiles.
Proponen un régimen especial que regirá los procesos penales de integrantes de la delincuencia organizada, y se determina la facultad de la policía de ingresar a domicilios particulares en caso de flagrancia.
También se elimina la obligación de que las órdenes de cateo sean solicitadas por escrito, ya que bastará que el Ministerio Público le formule la petición al juez y éste responda de manera inmediata.
