Culpan a Durango de crisis en las finanzas de Lerdo
Ex funcionarios del Ayuntamiento de Lerdo, culparon al Gobierno de Durango de las malas finanzas que dejó la Administración anterior, señalando el incumplimiento de compromisos como aportaciones al presupuesto y el reembolso de los recursos invertidos en las Juntas Rurales.
El ex alcalde Antonio Olivas Ibarra y el ex director de Finanzas, Marco Antonio Cárdenas, explicaron que los ocho millones de pesos que serían destinados a la remodelación del Teatro Centauro, fueron aplicados en los recursos de las Juntas Rurales de Agua.
Esto se hacía desde 2005 como parte de un convenio de palabra entre Rosario Castro, entonces alcaldesa de Lerdo y el gobernador de Durango, Ismael Hernández.
El ex tesorero dijo que el compromiso no se cumplió en este año, afectando el presupuesto del Ayuntamiento durante la gestión de Olivas Ibarra, quien aseguró haber solicitado en varias ocasiones el apoyo del gobernador, el cual no llegó.
“Nunca nos dijeron que no, siempre nos daban largas”, dijo el ex alcalde.
Cárdenas aseguró que dichos recursos adicionales a los 12 millones que fueron etiquetados por la Federación para la restauración y adquisición de tres bienes inmuebles, entre ellos el Teatro, pero que su uso quedó “a criterio del Ayuntamiento”.
El ex tesorero afirmó contar con todos los registros de los gastos que se hicieron durante la pasada Administración, los cuales fueron entregados el 31 de agosto durante el proceso de entrega-recepción.
También señaló que las deudas que tuvo el Municipio al final de la gestión, que provocaron cortes de electricidad y cancelación de créditos, se debieron a que el Municipio no tenía dinero dado que no llegaron aportaciones estatales.
No hay denuncia formal
Por su parte, la Secretaría de la Contraloría del Estado informó que no ha recibido una denuncia formal por el supuesto quebranto financiero en que incurrió la pasada Administración de Lerdo, aunque según la titular “ya tuvimos una primera plática con la contralora (del Municipio) y nos aportó algunos datos”.
La contralora estatal, María de Lourdes Nevárez Herrera, dijo que la dependencia a su cargo no tiene facultades para fiscalizar la aplicación de recursos municipales, aunque sí existe injerencia si se trata de aquéllos de orden federal, con base en el convenio de coordinación que existe con la Secretaría de la Función Pública.
