La Suprema Corte acordó enviar al Congreso de la Unión el informe preliminar que elaboró el ministro Juan Silva Meza en el que concluye que el gobernador de Puebla, Mario Marín, en confabulación con diversos funcionarios de esa entidad, incurrieron en graves violaciones a las garantías de la periodista Lydia Cacho al detenerla de manera irregular en diciembre de 2005.
El máximo tribunal del país decidió mandarle dicho informe, el cual calificó de preliminar, y darle acceso al expediente del caso a las Cámaras de Diputados y de Senadores para que los legisladores, en un plazo de 15 días, presenten los alegatos que consideren pertinente en torno a este caso.
La medida la adoptó para darle oportunidad a los diputados y a los senadores -que pidieron que la Corte investigara este caso-, que presenten elementos que pueda tomar en cuenta el Pleno a la hora de decidir si respalda o no el contenido de la investigación que realizó el ministro Juan Silva Meza.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también le extendió este beneficio al gobernador de Puebla, Mario Marín, y a todos los funcionarios involucrados en el caso, para que conozcan las violaciones que se les atribuyen y puedan aportar los elementos que consideren pertinentes para su defensa.
Entre los funcionarios involucrados también se encuentran la procuradora General de Justicia, Blanca Laura Villeda, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco, y la juez local Rosa Celia Pérez González, todos ellos de Puebla. A dichos funcionarios se les atribuye haber actuado bajo las órdenes del gobernador.
Una vez que venza el plazo de los 15 días, a partir de que reciban la notificación que les envié la Suprema Corte, el ministro Juan Silva Meza elaborará un dictamen final y lo pondrá a consideración del pleno de la Corte.
En la sesión de este lunes el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, advirtió que "el dictamen que finalmente llegue a aprobar el Pleno de la Suprema Corte se debe remitir a las autoridades que solicitaron la investigación, y a aquellas otras que de acuerdo con sus funciones resulten competentes para fincar responsabilidad a quien le corresponda".
El máximo representante del Poder Judicial de la Federación destacó este punto al defender el acuerdo general en el que la Corte fijó las reglas conforme a las cuales el máximo tribunal deberá llevar a cabo las investigaciones de violaciones graves de garantías que le soliciten que realice en ejercicio de la facultad que le otorga para este fin el artículo 97 de la Constitución.
