El presidente Felipe Calderón no tuvo luna de miel pero tampoco de hiel, al arranque de su Gobierno.
Los términos de su elección, la integración de su equipo y su ascenso al poder provocaron un pasmo. Por miedo o por prudencia ante la frágil situación, la Oposición y la crítica política se mesuraron. Puede argumentarse que Andrés Manuel López Obrador no le dio tregua pero, aquella resistencia, no fue la supuesta: la virtual renuncia a hacer política le restó fuerza y posibilidades. Más problemas y dolores de cabeza le dio al jefe del Ejecutivo su propio partido y su antecesor. Los otros actores se hicieron a la orilla.
No hubo, pues, luna de miel, pero tampoco de hiel. Así, pasaron los primeros 100 días, la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, el aniversario de aquel 2 de julio… Lo que viene, sin embargo, obliga a andar con los pies sobre la tierra y hacer eso que, de pronto, se ve arrumbado, eso que no es otra cosa sino la política.
La agenda del mes entrante es compleja. Es hora de poner los pies sobre la tierra.
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En el ámbito partidista y gubernamental agosto marca el arranque de la contienda por la dirección de Acción Nacional.
El presidente Felipe Calderón deberá liberar a quien tenga que liberar de su Gobierno para ir por la dirección del partido. La recomposición del consejo permite suponer que la dirección será calderonista y entonces, se podrá replantear la relación Partido-Gobierno que hasta ahora ha sido un auténtico desastre. Sin embargo, esa oportunidad puede perderse si Calderón contiene de más ese juego. Si no libera a quien vaya ir por la dirección panista, terminará por generar una pugna dentro del propio Gobierno.
Ya desde ahora, algunos panistas ven un cierto abuso de la figura presidencial por parte de César Nava en su afán de perfilarse como el próximo dirigente del partido y si no hay cuidado en eso, lo que hoy se da por seguro mañana podría no serlo. Aun cuando la decisión no está tomada, Nava se presenta como el secretario particular del presidente y el natural sucesor de Manuel Espino y eso de que el “dedo albiazul presidencial” se deje sentir así en el partido no gusta mucho a los consejeros.
En esa decisión, el mandatario se juega la posibilidad de ampliar su margen de maniobra dentro y fuera del partido, pero también se juega la posibilidad de ajustar su Gabinete. La campaña por la dirección del partido le pone en bandeja de plata la posibilidad de hacer cambios en el Gobierno. El punto es importante porque, a ocho meses del arranque del Gobierno, es evidente que varios secretarios de Estado no tienen la talla ni el peso para ocupar el puesto.
En el ámbito partidista y gubernamental, el presidente Calderón tiene una doble oportunidad. La cosa está en saber si la va a aprovechar.
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En el ámbito judicial, agosto trae tres casos políticos de insospechadas consecuencias.
Se trata desde luego de los gobernadores Mario Marín, Ulises Ruiz, Enrique Peña... y del procurador Eduardo Medina Mora. Casos llevados al Poder Judicial por el Poder Legislativo, pero que rebotan en el Poder Ejecutivo. Sin importar costos ni reparar en la gravedad de los abusos cometidos, el priismo no quiere ver caer a ninguno de sus gobernadores y entonces, presiona por igual al Poder Judicial como al Ejecutivo.
Sobre la mesa de la negociación de la reforma fiscal ha puesto la sobrevivencia de los gobernadores y por los indicios, el Gobierno presiona a los ministros para que, con su fallo, no vayan a echar por tierra la reforma. El punto delicado es que si los poderes Judicial y Ejecutivo caen en el juego del chantaje su credibilidad sufrirá un daño tan importante como el que le propinarán al Estado de Derecho.
El caso de Enrique Peña no ha llamado mucho la atención, pero tiene una arista muy filosa para el Gobierno Federal. Ante los abusos cometidos por las policías preventivas, federal y mexiquense, contra los comuneros de San Salvador Atenco, ambos Gobiernos recibieron una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Bien que mal, el gobernador mexiquense reaccionó ante la recomendación y llevó a cabo algunas acciones que, sin duda, serán un atenuante en la Corte. Sin embargo, el entonces secretario de Seguridad Pública (federal), Eduardo Medina-Mora, que hoy encabeza la Procuraduría General de la República, despreció y desatendió aquella recomendación. Así que, al revisar el caso Atenco, los ministros tendrán que voltear a ver al procurador que, eventualmente, podría hacerse acreedor a un juicio político.
Ese ingrediente, combinado con la reforma fiscal, complicará aun más las cosas al Gobierno de Felipe Calderón.
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En la agenda de los derechos humanos, el calendario marca la hora en la que el ombusdman José Luis Soberanes dé a conocer tres recomendaciones, donde el principal involucrado es el Ejército: una, la relacionada con la muerte de la señora Ernestina Ascensio, el polémico caso registrado en Veracruz; dos, la relativa a la violación por parte de elementos militares de tres menores, en uno de los operativos en Michoacán y tres, la vinculada con el asesinato de una familia en Sinaloa en un retén militar. En los dos últimos casos la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene duda de la responsabilidad de los elementos militares y por lo que se sabe, la recomendación reflejará esa convicción.
El punto delicado aquí es que el principal instrumento utilizado por el presidente de la República en el combate al narcotráfico será señalado por violar los derechos humanos y se sabe, ése no es un asunto que le guste a los altos mandos militares.
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En el ámbito político-parlamentario, agosto será intenso por múltiples razones.
Vendrá la preparación del tercer periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura y en ese marco, se tendrá que negociar la reforma fiscal y probablemente las reformas electoral (dentro de la idea de emprender la reforma del Estado) y la judicial en su versión “light”. En medio de esos trabajos habrán de barajarse los términos en que el presidente Felipe Calderón rinda su primer Informe de Gobierno ante el Congreso, una ceremonia que año con año se convierte en un dolor de cabeza que tensa los músculos de la política.
Es claro que, en la negociación de las reformas y el informe presidencial, muchos otros asuntos de la agenda se verán implicados y complicados pero, sin duda, su resolución –cualquiera que ésta sea– será determinante en el curso del Gobierno.
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Muchos otros asuntos contempla la agenda política de aquí al fin de año. Las elecciones en Baja California y Michoacán, los urgentes trabajos relacionados con la depuración y la reestructuración de los cuerpos policiales que, cuanto más tarden, más comprometerán al Ejército en su actuación contra el crimen, el debate sobre el presupuesto, los términos de la relación entre el Gobierno Federal y el capitalino, la temporada de huracanes... Son muchos, pero los del mes entrante serán determinantes.
De ahí que si bien no hubo luna de miel ni de hiel al arranque del Gobierno, la necesidad obliga ahora a andar con los pies bien puestos en la tierra.
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