La semana pasada se comentaba que el alcalde de Torreón, José Ángel Pérez, había tomado una decisión aventurada al declarar al público que no permitiría que se llevara a cabo la demolición del Distribuidor Vial Revolución hasta que las autoridades aclararan con más elementos la no responsabilidad de Jorge Viesca, a la sazón secretario de Obras Públicas en los tiempos en que fue erigido el distribuidor y hasta de su jefe, el mismísimo y otrora todopoderoso Enrique Martínez y Martínez, reciente ex gobernador.
El exabrupto verbal de Pérez era de suyo peligroso; una vez más el presidente municipal de Torreón se colocaba en una posición frágil desde el punto de vista político y jurídico. La exigencia a una autoridad que está absolutamente fuera de su esfera de jurisdicción, como lo es la Procuraduría General de Justicia del Estado, le imputara a priori responsabilidades penales a los ex funcionarios estatales, derivó la ofensa que el procurador del Estado, que en un acto reprobable de su parte, profirió en contra de la primer autoridad de Torreón. Jesús Torres, titular de la Procuraduría, llamó ignorante a José Ángel Pérez, el problema es el procu es al final un empleado y José Ángel está investido de poderes públicos conferidos por el voto ciudadano, por lo que agrava el acto del responsable de procurar justicia en Coahuila.
Así entonces, el punto claro es que el lance del edil estaba claro: o salía a la luz pública la pus que tiene toda la historia de distribuidor o no habría la demolición que el gobernador del estado, Humberto Moreira tiene contemplada.
Sucedió lo que tenía que ser. El lunes pasado, Pérez Hernández estaba sentadito en el Palacio de Gobierno en la capital del estado a un lado del gobernador e inmediatamente reculó de todas sus habladurías y saliendo de la cita sus declaraciones fueron en sentido contrario a las palabras que apenas habrían salido de su boca hace muy pocos días, ni siquiera una semana se tomó para retractarse.
La declaración que da a El Siglo de Torreón saliendo justo de la reunión con el mandatario estatal decía: “Nosotros habíamos amenazado con impedir la demolición del DVR porque no teníamos información sobre los peritajes donde se advierte del riesgo de colapso súbito de la obra, pero en la reunión se nos aclaró esta simulación y la decisión que tomé fue dejar el caso por completo en manos de las autoridades estatales. Tenemos que confiar en las instituciones estatales”. ¿Por qué José Ángel no actuó de esa manera la semana pasada? ¿Por qué habría que desdecirse tan rápido?
Cada quién puede tener los enconos que guste, pero así como con certeza se puede afirmar que el alcalde de Torreón es un tipo decente y capaz en funciones administrativas, el ridículo que acaba de hacer es para avergonzarse. La realidad clara es que la daga que el gobernador Moreira le clava al municipio con la creación de la entelequia de la Secretaría de Desarrollo Regional, nubla la razón de Pérez y con el escaso criterio político con el que cuenta, es sencillo hacerlo estallar para decir cosas de las cuales se arrepiente muy rápido, restándole seriedad y autoridad moral.
Es importante decir que ciertamente Moreira ha sido particularmente severo con Torreón, ya que en sus acciones, principalmente su decisión de que Olmos le amargue la vida a Pérez y reduciendo su agenda política en la ciudad en una simple estrategia para que Eduardo Olmos consiga lo que perdió en las urnas en septiembre de 2002, pero al parecer al gobernador poco le importa que los ciudadanos comunes de Torreón tengan que sufrir con esta guerra ideológica y arcaica que los gobiernos municipal y estatal han creado para Torreón. Por lo pronto, para habladas como dice del refrán: “de lengua, un taco”.
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