Preocupan las recientes declaraciones del arzobispo primado de la Iglesia Católica en México para promover cambios fundamentales a los artículos 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a su reglamento sobre asociaciones religiosas y culto externo en el país.
La desazón ante el hecho no es gratuita, conocida la histórica desmesura ostentada por nuestra jerarquía eclesiástica siempre que intenta obtener un mayor grado de influencia política, económica y social en el país. Y no es sólo la Iglesia, también sus derivaciones políticas y profesionales. El engallado estilo del prelado demandante parecía expresar: “Estamos dispuestos a todo” lo cual transparentaba una disposición de llevar a fondo y por cauces radicales e indeseables el debate que suscita el tema. No exageramos: de ponerse así las cosas podríamos presenciar la reposición, en el teatro de la República, de la crispada controversia que sufrió nuestra sociedad durante la segunda mitad del siglo XIX y un tercio del XX.
Los riesgos de la ponencia del cardenal Norberto Rivera Carrera, anunciada en la misa del domingo en la Catedral metropolitana, son más fáciles de prever que aquellos eventos suscitados en el proceso electoral de 1988 cuando Carlos Salinas de Gortari “telegrafió” –verbo del caló boxístico— su inminente contrarreforma del estado jurídico de la Iglesia Católica, al provocar sigilosas conversaciones políticas con cada uno de los obispos mexicanos.
Lo que en aquella época pudimos colegir fue que, en tales entrevistas, se había pactado con el clero el ejercicio de una “discreta” influencia para que los ciudadanos votaran por el PRI en las elecciones de ese año. A cambio de este importante apoyo eclesiástico, al llegar Salinas de Gortari a la Presidencia de la República, propiciaría el reconocimiento del Estado para la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y “suavizaría” mediante algunas reformas o a través del tradicional disimulo, los frenos impuestos a los derechos políticos de los sacerdotes en la antigua ley de cultos que les impedía el protagonismo electoral, el debate público de la política y su participación como candidatos a cualquier cargo de elección popular.
El gobierno de Salinas de Gortari inició y consiguió, en aras de la modernización global, la aprobación legislativa a la reforma constitucional que permitió el reconocimiento jurídico de la Iglesia Católica en México y una vez promulgada ésta, procedió a tramitar por vía diplomática la firma de un concordato con el Estado del Vaticano en Roma. Sin embargo, los frenos a los derechos políticos de los sacerdotes no fueron eliminados, o suavizados bajo los mandatos del reformador Carlos Salinas, del neoliberal Ernesto Zedillo, del excesivo Vicente Fox o del mesurado Felipe Calderón y aún son normas vigentes de derecho positivo. Es por eso que el arzobispo y cardenal Norberto Rivera Carrera, apoyado por otros miembros del episcopado, ha iniciado la campaña que comentamos para exigir la concretización de los cambios -¿o retrocesos?- legales que el sistema político mexicano les adeuda desde 1988.
El columnista desconoce si los prelados mexicanos cabildearon sus demandas políticas con los poderes Ejecutivo y Legislativo, antes de colocarlas en el tapete de la discusión pública; y si hayan obtenido, para decirlo en términos del derecho canónico y con un latinajo grato al Papa Benedicto XVI, un “nihil obstat” del presidente de la República y de sus co-gobernantes legisladores federales, de los poderes ejecutivos estatales y de las Legislaturas locales de la República. Hasta hoy –vísperas del lunes 9 de julio— ningún alto funcionario federal había expresado alguna opinión calificada sobre las pretensiones de la clerecía. Quizá en esta noche, dada la prioridad que los cápites del poder otorgan a la televisión nocturna, Joaquín López Dóriga o su homólogo de TV Azteca, Javier Solórzano, logren reproducir alguna toma de posición.
Nosotros diríamos: cuidado, no tocar, quema, aún está caliente. Y con el Quijote advertiríamos: Vale más no menearle. ¿Para qué devolvernos hasta el siglo XIX?...Mejor avancemos en el XXI. Hay ingentes reformas en nuestras organizaciones políticas, económicas, sociales y religiosas que vale la pena emprender con sentido de realismo, de justicia y, sobre todo, de moralidad...
