Se ha disparado el primer acto práctico de responsabilidad de la novela en que se ha constituido la historia del Distribuidor Vial Revolución. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila logró que un juez le obsequiara una orden de aprehensión en contra del ex director de Caminos de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, Manuel Gómez Parra.
Esta orden de aprehensión, es hasta ahora el único acto donde se aprecia que el Gobierno ha encontrado una responsabilidad penal, pero la posición que ocupaba el señor Gómez para la opinión pública, parece una especie de chivo expiatorio.
La exoneración a priori del ex gobernador Enrique Martínez y Martínez, que ahora hace la Procuraduría, despierta malestar en muchos sectores de la comunidad. Asimismo, la apreciación de que el secretario mismo de Obras Públicas, el lagunero Jorge Viesca, no tiene responsabilidad penal, al igual que su ex jefe, no hace sino acrecentar la molestia que genera una obra que terminará costando al final algo así como cuatrocientos millones de pesos, cerca de dos veces y medio de lo que debió haberse pagado.
El marco jurídico que norma todas la acciones dentro del Estado mexicano a veces impide llevar a los expedientes lo que en la práctica se ve: el Distribuidor Vial Revolución está mal construido desde el origen y todos los implicados lo sabían: la empresa Coordina, que supervisaba la obra, la proyectista BM y la ejecutora Acolsa, pero en su ambición de tontos se decían, había que ganarse esos 30 a 15 millones de pesos que significaba la utilidad de un costo total de 140 presupuestados, aunque el resultado fuera el que al final se dio.
De la parte del Gobierno del Estado de entonces, la soberbia –vamos siendo un poco ingenuos y concedamos que eso fue lo que pasó por la Administración de Martínez al darse cuenta de los defectos de obra- le impidió aceptar los yerros cometidos en el momento y decidieron seguir adelante con la obra y la inauguración. Cuando en la operación vehicular se da la caída de los camiones que causaron muertes, se apresuraron a parchar torpemente lo que de origen tenía defectos estructurales alarmantes, el problema seguía creciendo. La estrategia que decidieron fue ganar tiempo, para que concluyera el mandato y los términos legales para la imputación de responsabilidades y las fianzas también vencieran: hoy la realidad es que queda sólo un camino, agotados en la práctica los recursos que da la ley para que los responsables paguen por su negligencia, se debe exigir al Gobierno de Moreira que transparente siquiera la verdad de qué sucedió con el Distribuidor.
Se podría entender –en dado caso- que el procurador Jesús Torres tenga ya pocas herramientas legales para que los culpables resarzan el daño, pero al menos en la conciencia social el llamado Gobierno de la Gente –el encabezado por el profesor- tiene la obligación de informar cómo fueron las cosas.
Los ciudadanos tenemos el derecho de conocer quiénes obtuvieron ganancias impropias al realizar mal su trabajo, ése es quizá el último recurso. Si Moreira hace eso, sin duda con un hecho como ése, podrá en mucho cambiar la percepción generalizada de los políticos y con ello el gobernador podría marcar un verdadero hito.
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