El diputado Manuel Herrera Ruiz exhortó a los alcaldes a denunciar irregularidades de las anteriores administraciones a fin de no perjudicar el buen inicio del trienio.
El Siglo de Durango
Si los nuevos alcaldes detectan un mal uso de recursos por parte de sus antecesores, que les generen problemas económicos, deben denunciarlos ante la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) y la Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa (Secomad) a fin de no perjudicar el buen arranque de las administraciones, exhortó el diputado local priista, diputado Manuel Herrera Ruiz.
Y es que consideró preocupante que algunos de los ayuntamientos que presenten adeudos pueden dejar de recibir apoyos por haber tenido un mal uso de los recursos públicos durante el trieno 2004-2007.
“En esto se debe aplicar la ley porque preocupa que se detengan los apoyos a municipios por la falta de comprobación en el ejercicio de recursos; habría que ver cuáles programas serían los afectados”, expresó.
En el caso del Congreso local la Comisión de Responsabilidades y la de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública deberán revisar las Leyes de Ingresos y Presupuesto posteriormente para ver los rubros más afectados.
No obstante, añadió que hasta la Cuenta Pública revisarán a profundidad el estado económico de cada uno de los ayuntamientos, pese a que desde el cambio de administraciones se han denunciado diversos presuntos desvío de recursos en algunas alcaldías.
El legislador manifestó que al interior de la Comisión de Responsabilidades se deberán analizar los resultados del proceso de entrega-recepción que emitan la EASE y Contraloría, de donde se podrían desprender sanciones.
“Habrá que ver los mecanismos correspondientes y faltantes si los hay, por lo que los alcaldes deberán denunciar en la EASE y Contraloría, para hacer auditorías, presentar un informe y ver la posibilidad de aplicar sanciones a fin de rectificar”, agregó.
Consideraciones legislativas
Recientemente la diputada panista, Claudia Hernández Espino, consideró urgente realizar reformas a diferentes leyes para contar con una confiable fiscalización de los recursos públicos, pues actualmente no es posible.
Puso en duda la eficiencia de la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE), ya que hasta ahora el ejercicio de fiscalización se lleva a cabo cuando el Ejecutivo o los ayuntamientos entregan la Cuenta Pública.
Propuso fue imitarle al Ejecutivo estatal la facultad automática y discrecional que tiene de modificar la Ley de Egresos a su arbitrio, donde sólo pueda transferir recursos hasta por un monto equivalente al 10 por ciento del presupuesto total del rubro y en montos superiores solicitarle autorización al Congreso.
