El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México, Amerigo Incalcaterra, señaló hoy que esperaba "un pronunciamiento más amplio" del Supremo mexicano en el caso de pederastia destapado por la periodista Lydia Cacho.
La comunicadora destapó en 2005 la existencia de una red de pederastia en el Caribe mexicano en su libro "Los demonios del Edén" y fue víctima de una detención supuestamente ilegal con la presunta complicidad del gobernador de Puebla, Mario Marín.
La Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) dictaminó el 29 de noviembre que no hubo "una violación grave" de los derechos humanos de Cacho por parte de Marín, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuando fue detenida en Cancún y trasladada en un vehículo con custodia policial hasta Puebla.
El veredicto impidió que el Congreso mexicano pudiera abrir un juicio político para quitarle el fuero a Marín y permitir que fuera juzgado como un ciudadano común.
"Nosotros esperábamos sinceramente un pronunciamiento más amplio en relación con muchos temas", indicó hoy Incalcaterra, durante la presentación de un informe sobre la situación de las mujeres indígenas en México, celebrado en la capital del país.
El alto funcionario internacional señaló que los magistrados pudieron haber dado "un mensaje claro en materia de condenar o solicitar investigar las redes de pornografía, condenar toda forma de tortura, expresar la importancia de la libertad de expresión",
Cacho fue amenazada y hostigada desde que destapó los hechos pese a lo cual cuenta con un amplio respaldo de escritores, periodistas y buena parte de la opinión pública del país.
Incalcaterra señaló que aunque a la Suprema no le correspondía investigar a fondo el caso, siempre podía haber recomendado que se realizaran las pesquisas pertinentes.
Aunque aseguró que no quería calificar de decepcionante el fallo final reiteró que en opinión de la ONU "era un momento importante en la vida de este país para pronunciarse sobre principios fundamentales universales recogidos en la Declaración de los Derechos Humanos".
"Eso es lo que esperábamos siendo la Corte la máxima autoridad en México de justicia", insistió.
Para Incalcaterra el fallo de la SCJN "no impide que otros órganos del estado mexicano, en especial de las procuradurías (fiscalías) de Quintana Roo, Puebla y la General de la República (PGR, federal) investiguen realmente las situaciones que se han vertido en este caso".
Especificó que, sobre todo, hay que ahondar en la relación entre posibles redes de pornografía y de explotación sexual de menores.
