“Un beneficio fiscal indebido es el que ayuda a otra persona; si te ayuda a ti, es una reforma fiscal”.
Russell B. Long
Una de las principales críticas que se han hecho a la propuesta de la Secretaría de Hacienda de crear una Contribución Empresarial de Tasa Única (CETU) paralela al Impuesto Sobre la Renta es el que no permite la deducción de los salarios. En caso de ser aprobado este gravamen, sí podrán deducirse –y de un solo golpe— las inversiones y los insumos, pero no el costo de la mano de obra. Según muchos empresarios, esto sería un golpe mortal para las empresas que tienen como principal costo, precisamente, el trabajo humano.
La situación es especialmente paradójica porque la CETU permite la deducción de honorarios, pero no la de salarios. Una de las consecuencias sería, según los críticos, un despido masivo de empleados, los cuales serían reemplazados con trabajadores independientes que cobraran por honorarios. Un amigo empresario es más tajante y me dice: “Si aprueban la reforma como está, lo que yo haría sería entregarle la llave de mi negocio al secretario de Hacienda y olvidarme de él”. Difícilmente es lo que se esperaría de un Gobierno que pretende promover la creación de empleos.
La Secretaría de Hacienda ha respondido que la falta de deducción de los salarios se compensaría con un crédito al salario para aquellos que tengan sueldos bajos y con un crédito al empleo para quienes tengan salarios más altos. Además, se daría la posibilidad de “acreditar” las retenciones para pago del Impuesto Sobre la Renta que la empresa haga a sus empleados.
¿Por qué un sistema tan complejo para compensar la imposibilidad de deducir salarios? Los funcionarios de la Secretaría de Hacienda saben que, sin alguna compensación, la nueva ley provocaría una pérdida espectacular de empleos en el país.
Señalan, sin embargo, que el propósito de la medida es obligar a las empresas que retienen el ISR de sus empleados a enterarlo realmente al fisco, cosa que muchos no hacen.
No dudo que éste sea un problema importante en el sistema fiscal de nuestro país. Efectivamente, son muchas las empresas que, cuando tienen problemas económicos, roban el dinero de sus empleados y se quedan no sólo con sus retenciones de impuestos sino también con sus aportaciones al IMSS, a las afores y al Infonavit. Otras simplemente dejan de pagar sus nóminas.
Sin embargo, tratar de convertir el nuevo impuesto de tasa única en un instrumento para obligar a las empresas a cumplir con sus obligaciones en esta materia puede resultar contraproducente. Para empezar, no queda claro si el sistema que se está creando terminará siendo fiscalmente neutro, como afirma Hacienda o si implicará una carga adicional para quienes generan empleo en el país, como sostienen los críticos.
Pero de lo que no cabe duda es que se generaría un sistema de una enorme complejidad cuando lo que se busca con la reforma es simplificar y mejorar el cumplimiento del pago de impuestos.
Pienso que los legisladores, o la propia Secretaría de Hacienda, deberían considerar la posibilidad de eliminar el intento por hacer de la CETU una especie de inspector fiscal y convertirlo en un verdadero impuesto de tasa única. Esto implicaría tener la tasa más baja posible y un sistema sencillo de deducciones que permitiera descontar todos los gastos indispensables para la realización de una determinada actividad, pero nada más. El problema es que pretender que los salarios de los empleados no son un gasto indispensable y después tratar de compensar el daño a la creación de empleos generado por esta medida a través de una serie de complicadas medidas de ajuste, sería absurdo. Permitamos la deducción de los salarios y dejémosle a la Secretaría de Hacienda la responsabilidad de encontrar y castigar a quienes, tras retener los impuestos de sus trabajadores, no los enteran al fisco.
Hay muchos detalles en la propuesta de reforma fiscal presentada por el Gobierno de la República que, a mi juicio, pueden y deben mejorarse. En ocasiones anteriores he señalado que una reforma fiscal digna de ese nombre no debe buscar simplemente una mayor recaudación sino promover una mayor inversión y una mayor actividad económica. Debe también ser justa: no debe beneficiar a algunas empresas, por ejemplo, las de manufacturas, a las que se les permite deducir insumos, y castigar a otras, como las de servicios, cuyo principal insumo es el trabajo humano.
Si los políticos han impedido que se extienda la aplicación del IVA a todos o casi todos los productos, es inevitable buscar una opción por el lado de la renta. Pero un sistema más complicado, que busque injustamente favorecer a unas empresas y perjudicar a otras y que impida la deducción de los salarios, no parece ser la solución adecuada.
SIN SUSTITUTO
El presidente del PRI en Baja California, Mario Madrigal Magaña, ha señalado que su partido no sustituirá a Jorge Hank Rhon como candidato al Gobierno de Baja California. Los priistas están en espera de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación eche para atrás la decisión del Tribunal Electoral del estado que anuló el registro de Hank. Si el Tribunal federal acepta su petición, simplemente se reanudará la contienda. Si no, el PAN irá virtualmente solo en la elección, lo cual le garantiza el triunfo, pero pone en entredicho la democracia en el estado. La fecha límite para la sustitución de un candidato al Gobierno es el 5 de julio, pero no se sabe cuándo el Tribunal Electoral federal dará su fallo.
