En la investigación penal que realiza la Procuraduría General de la República (PGR), en el caso de la periodista Lydia Cacho, se está actuando con tintes políticos y no jurídicos, aseguró su abogado Xavier Olea, quien señaló incluso que existe el temor de que al final el expediente se envíe al archivo.
El representante legal dijo que este es el trasfondo de la renuncia que presentó el viernes pasado Alicia Elena Pérez Duarte, como titular de Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres, ya que la ex funcionaria alistaba el ejercicio de la acción penal cuando se decidió que la indagatoria que integraba se remitiera a otra área.
Xavier Olea afirmó que en la investigación que encabeza Pérez Duarte, se logró acreditar que su cliente había sido torturada en diciembre de 2005, cuando fue detenida en Cancún, Quinta Roo,por agentes judiciales del estado de Puebla, ante una orden de aprehensión girada en su contra por difamación.
"Por lo menos por el delito de tortura, la PGR tiene acreditada la presunta responsabilidad de los agentes judiciales y de su jefa Blanca Laura Villeda, la procuradora de justicia de Puebla, pero cuando se preparaba el ejercicio de la acción penal, el expediente se acumuló al que integra la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas", indicó el abogado.
Explicó que la decisión de acumular las averiguaciones previas provocó diferencias entre la fiscal y el titular de la PGR, Eduardo Medina Mora.
En este contexto, Xavier Olea indicó que en la dependencia hay señales de que en este caso se está actuando con un sesgo político en la investigación que lleva 22 meses, sin que hasta el momento existan indicios de que se actuará contra los denunciados, como el gobernador poblano Mario Marín, por los delitos de tráfico de influencias, abuso de autoridad, y tortura.
No obstante, al presentar su renuncia, Pérez Duarte argumentó que su decisión se fundamentó en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los ministros optaron por no analizar de fondo el tema de las redes de pederastia, y al final concluyeron que no existieron violaciones graves a las garantías de Cacho Ribeiro, ante la inexistencia de pruebas de que existió un plan entre autoridades para actuar en su contra.
La ex fiscal especial comió el viernes pasado con Medina Mora, y aprovechó el momento para presentar su renuncia, que ya fue aceptada por el funcionario, por lo que este fin de semana Pérez Duarte y su equipo de colaboradores hicieron la entrega –recepción de la Fiscalía.
Aunque en la PGR no se oficializó el hecho, autoridades de la dependencia confirmaron que el cargo vacante será ocupado por Guadalupe Morfín Otero, quien fuera Comisionada Especial para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, designada por la Secretaría de Gobernación.
