Pagar los servicios de un abogado es difícil para la población de escasos recursos económicos.
El Instituto cuenta con 6 defensores adscritos a los juzgados penales del Cereso y en 12 distritos judiciales
Seis años han transcurrido desde que el esposo de Margarita Saucedo, de 42 años, la abandonó. Así, ella se convirtió en el único sostén de su familia.
Vende productos diversos, plancha y lava ajeno, hace tejidos, de esa forma consigue el dinero para suplir sus necesidades básicas. Se hace cargo de su pequeña nieta Margarita, quien sufre de convulsiones, secuela de la meningitis.
Desde hace dos años inició el proceso legal para pelear la pensión alimenticia para la niña. Refiere que la menor fue registrada como si fuera su hija y la atendió desde que tenía cinco meses de nacida. Por eso, reclama que aquél que se fue dejándola en el desamparo –su cónyuge- cumpla con su obligación legal.
El proceso ha sido largo y ante la falta de recursos acudió al Instituto Estatal de Defensoría Pública, en donde al igual que ella miles de personas piden ayuda.
Al día, el Instituto recibe al menos 100 personas que demandan sus servicios. De éstas, aproximadamente 30 son casos nuevos, el resto son los que dan seguimiento a sus procesos, conforme lo detalla Hugo Carlos Quiñones Sarabia, director del Instituto.
SATURADO
Los asuntos de mayor concurrencia son los divorcios. En promedio se promueven 150 demandas de separaciones conyugales al mes. También es común que se atiendan situaciones tales como la custodia de los hijos y las pensiones alimenticias, así como lo son las rectificaciones de actas de nacimiento.
Por supuesto se atienden las cuestiones del ramo penal. “Tenemos personal distribuido en la Procuraduría que se encarga del periodo de averiguación previa, tenemos cuatro defensores en esto”, describe el entrevistado.
El Instituto cuenta con seis defensores adscritos a los juzgados penales en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) Uno y además, en los 12 distritos judiciales restantes en el estado.
“Sólo hay que aclarar que en materia familiar o civil, no se llaman defensores públicos de acuerdo a la ley que nos rige, sino asesores jurídicos, los de los juzgados de primera instancia del interior del estado ejercen esa doble función”, concluye.
ANGUSTIA
En marzo del 2006 el patrimonio de Mario Juárez Gallegos fue afectado por una obra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dos mil 800 plantas de agave resultaron dañadas.
Debido a que Mario labora en una parte serrana es su padre, Mario Juárez Vargas, quien se encarga del proceso legal para que le paguen los daños y perjuicios generados con esta destrucción.
Platica que la propiedad se encuentra en el ejido San Pedro Alcántara, en Vicente Guerrero, y que a la fecha cada planta de agave está cotizada en 25 pesos sin que al momento el organismo público descentralizado haya querido responder.
El caso lo llevan mediante el Instituto Estatal de Defensoría Pública ya que los afectados carecen del dinero para contratar un abogado particular.
