CD. LERDO, DGO.- El proyecto de la planta tratadora es prototipo a nivel nacional. “No le quita nada a nadie, sino todo lo contrario, será de beneficio para la ciudadanía y a partir del próximo lunes podrán estar disponibles los recursos para iniciar su construcción”, asegura el director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo (SAPAL), José Manuel Ramírez Robles.
En relación a la inconformidad de los miembros del ejido Lerdo, en cuyos terrenos se construirá la planta, el servidor público enfatiza que no se les va a quitar nada, “pues de acuerdo al Decreto número 200 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Durango el 31 de julio de 1980, se reconoce que el derecho de las aguas residuales lo tiene el Municipio.
“Se establece además que el Municipio se reserva el derecho de darle el uso de agua que le convenga por causa de interés público y la planta tratadora es de interés público”, añade Ramírez Robles.
Califica de trascendente dicho Decreto, toda vez que se autoriza a la entonces Junta Federal de Agua Potable, establecer un convenio de cooperación con el Grupo Agroindustrial No. Uno, formado por ejidatarios de Lerdo, ya que se reconoce en forma tácita el derecho del agua por parte del Municipio.
Al ejido, señala, se le otorgarán derechos definitivos por 282 hectáreas, más la perforación de un pozo y el Gobierno Federal apoyará la infraestructura para el riego tecnificado, con lo cual se pondrá a la altura de los mejores ejidos, aunado al hecho de que las tierras tendrán mayor plusvalía al contar con obras complementarias de drenaje.
Ramírez Robles dice estar preparando toda la documentación necesaria para poder iniciar la construcción cuanto antes, ya que llevará poco más de un año para terminar la tratadora en su totalidad.
“Éste es un proyecto de ganar-ganar. Nadie va a perder aquí”, insiste tras mencionar que se incluye también la sustitución del colector Guadalupe Victoria, que ya resulta insuficiente, pero también se repondrá el colector Aldama y se instalarán nuevos sistemas de bombeo en los cárcamos.
“Además, tenemos la obligación ineludible de construir la planta tratadora, pues de lo contrario el Municipio tendría que pagar 60 millones de pesos a la Comisión Nacional del Agua por no tratar las aguas residuales”, señala por último el director de SAPAL.
