Gómez Palacio, Dgo.- Será durante el transcurso de hoy cuando la titular del juzgado tercero de lo penal defina la situación jurídica de los tres empleados sindicalizados del Ayuntamiento de Lerdo, pues actualmente se realiza el desahogo de pruebas presentadas por la parte acusadora como por la defensa.
Juana Margarita Peralta Guerrero, titular del juzgado tercero penal, detalló que “se va a resolver la situación jurídica dentro del término constitucional que marca la Ley”, que consta de 72 horas y vence hoy aproximadamente a las 10 de la noche.
Precisó que actualmente se trabaja en el desahogo de las pruebas y estableció que la defensa presentó diversas testimoniales, mientras que los tres trabajadores de la Presidencia Municipal de Lerdo detenidos, manifestaron que “actuaron por instrucciones del propio Ayuntamiento”.
Lo anterior con relación a la acción penal emprendida por la Agencia Investigadora del Ministerio Público de Delitos Patrimoniales de la Subprocuraduría General de Justicia del Estado de Durango en la Región Lagunera, en contra de Luis Álvarez Castor, Carlos Alberto Bañuelos Martínez y Juan Felipe Ruelas Rojas, de 36, 31 y 30 años de edad, respectivamente.
Tales personas laboran para la dirección de Servicios Públicos Municipales de Lerdo y fueron acusados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como los presuntos responsables del delito de robo de propaganda electoral y quienes presuntamente fueron detenidos en flagrancia por elementos de la Dirección Estatal de Investigaciones (DEI), durante la madrugada del viernes.
Actitud facciosa
Como facciosa califica el Partido Acción Nacional (PAN), la actitud del subprocurador de Justicia de la Región Laguna Durango, Arturo Sánchez, “al ordenar la consignación de los empleados por un supuesto robo de pendones de propaganda política”.
En rueda de prensa, legisladores panistas piden al gobernador del Estado, Ismael Hernández Deras, “saque las manos del proceso electoral, a fin de que se lleve en forma limpia y sea la ciudadanía la que decida con sus votos a los próximos gobernantes y diputados locales”, dice Juan Carlos Gutiérrez Fragoso, coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional en el Congreso del Estado.
Los legisladores exigen que el Poder Judicial del Estado resuelva la situación jurídica de los tres empleados, “con estricto apego a la Ley y sobre la base de las pruebas ofrecidas por el Ayuntamiento, las cuales fueron omitidas por la Subprocuraduría de Justicia”.
Por su parte, el diputado federal, Juan de Dios Castro Muñoz, declara; “estamos ante una campaña de Estado donde se usa la presión política para que los candidatos priistas resulten triunfadores.
La prueba es que cuando ya el agente del Ministerio Público preparaba la documentación para dejar libres bajo fianza a los tres empleados municipales, de pronto dice no, debido a las presiones del PRI”, asegura Castro Muñoz.
“Si existe justicia en Durango y no es facciosa, los tres trabajadores saldrán libres una vez que la juez penal analice las pruebas presentadas por parte del Ayuntamiento”, añade el legislador federal.
