Función Pública envía auditoría del RPP a la Procuraduría para establecer delitos.
Torreón, Coah.- La Procuraduría General de Justicia de Coahuila (PGJE) inició una averiguación para fincar responsabilidades penales por un fraude detectado en la oficina del Registro Público de la Propiedad en Torreón por más de 25 millones de pesos, que incluye delitos como peculado, tráfico de influencias, falsificación de documentos y uso indebido de funciones públicas.
Luego de una auditoría de casi un año por parte de la Secretaría de la Función Pública, la Procuraduría recibió la semana pasada los resultados de la investigación de irregularidades cometidas en 2005, en perjuicio de instituciones bancarias pues desde las oficinas de la dependencia estatal se cancelaron embargos e hipotecas aplicados a particulares.
La PGJE no especificó los nombres de las personas que serán demandados, ni a quiénes se les fincarán responsabilidades. Sin embargo, la administración de José Luis Dovalina Romero al frente del Registro Público de la Propiedad de Torreón en 2005, recibirá sanciones administrativas por parte de la Secretaría de la Función Pública.
?Pero hay más?, dijo el Procurador Jesús Torres Charles, al asegurar que existen al menos 25 denuncias interpuestas por particulares ante la PGJE, por fraudes cometidos en su perjuicio, por parte de la dependencia estatal, en varios tramites realizados en ese año, como cancelación de hipotecas.
De acuerdo con Ismael Ramos Flores Secretario de la Función Pública (SFP) estatal, los resultados que arrojó la auditoría practicada al RPP en Torreón fueron de acuerdo a la revisión realizada únicamente al año 2005.
?Se determinó que hay responsabilidades penales que ya fueron turnadas a la PGJE para que intervenga al respecto?, dijo Ramos Flores.
Entre otras irregularidades detectadas están registros de hipotecas borrados, por un monto de 13.6 millones de pesos y embargos de inmuebles cancelados por 4.3 millones de pesos.
Jesús Torres Charles declaró ayer en la visita que hizo a Torreón para presidir la reunión sobre Seguridad Pública, que el caso fue recibido por la SFP y turnado a la Dirección General de Responsabilidades la cual inició de inmediato las averiguaciones.
?Además del expediente que nos turnó la SFP y al margen de su auditoría, hay muchas otras denuncias presentadas, más de 25, por falsificación de documentos, por registros irregulares, por eso vamos a ver de qué manera hacemos un todo?.
Lo que sigue ahora por parte de la PGJE es hacer las indagaciones correspondientes y el Ministerio Público citará a las personas necesarias para que declaren respecto al fallo de la SFP.
