Las autoridades judiciales federal exoneraron a los cuatro reporteros de Monclova, que el martes 7 de agosto pasado fueron privados de su libertad por elementos del Ejército y de la Suprocuraduría de Investigación especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), quienes además les acusaron de delitos que no cometieron.
El actuario del juzgado cuarto de Distrito en Monclova, Jorge Alfonso Fuentes, les notificó hoy que el juez, luego de estudiar el expediente determinó concederles la libertad definitiva, porque no se encontraron elementos suficientes en la demanda que los soldados presentaron en su contra.
Sinhué Adolfo Samaniego Osoria y Manolo Acosta Villarreal del diario el Zócalo, Jesús González Meza del periódico La Voz y José Alberto Rodríguez Reyes de Núcleo Radio y Televisión (NRT) Canal 4, quienes enfrentaban el proceso judicial recibieron la noticia con beneplácito.
Los comunicadores de entre 19 y 24 años, fueron detenidos ese martes por la noche por soldados del Ejército y agentes de la SIEDO, cuando a bordo de tres vehículos seguían un convoy que realizaba operativos contra el narcotráfico, iban a cubrir un accidente en Monclova cuando se encontraron el convoy y decidieron seguirlo.
Militares y personal de la SIEDO les pidieron su identificación aunque los vehículos llevaban logotipos de sus respectivos medios y tras detenerlos les cubrieron los ojos y durante 16 horas los "pasearon" por esa ciudad mientras eran reportados como desaparecidos.
Después los denunciaron ante el Ministerio Público Federal por de posesión de una pistola escuadra calibre 38, varios envoltorios de cocaína y un frasco de mariguana en alcohol, "un remedio casero contra las reumas" salieron bajo fianza.
El director del periódico Zócalo de Monclova, Sergio Cisneros Vázquez, dijo que la sentencia del juez federal prueba lo que se afirmó desde un principio, que los delitos fueron prefabricados.
Confió en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) continúe adelante con la investigación porque evidentemente fue un abuso de poder, un atropello y un atentado a la libertad de expresión.
Los abogados defensores se encargarán de estudiar el caso y definir si contrademandan a los militares por mentir ante la autoridad y demás ilícitos que les resulten.
