El Senado aprobó ayer modificaciones a la reforma en materia de seguridad pública y justicia penal, para colocar un ‘candado’ adicional al allanamiento que la Policía podrá realizar en los domicilios, sin orden judicial de por medio. (El Universal)
Modifica el Senado minuta de diputados; San Lázaro deberá avalar los cambios.
El Senado modificó la minuta de reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, la cual aprobó en lo general y la devolvió a la Cámara de Diputados que podrá revisar las enmiendas, en el periodo de sesiones que inicia el primero de febrero próximo.
El conjunto de preceptos fue aprobado en lo general, por 80 votos a favor, 27 en contra y una abstención, al formarse dos bloques: a favor PRI, PAN y PVEM, y en contra PRD, Convergencia, PT y Panal. La discusión en lo particular aplicó las modificaciones que obligan a que la minuta regrese a San Lázaro.
Los senadores negaron dar facultades al procurador general de la República para, a través del Ministerio Público, tener acceso directo a documentos fiscales, financieros, bursátiles, en la investigación de delitos de la delincuencia organizada.
El pleno suprimió un párrafo completo (décimo en la minuta) del artículo 16 constitucional, al cual en comisiones se le formuló una adición, en la que se puntualizaba que ese nuevo poder al Ministerio Público sólo podría ocurrir sólo con “la autorización judicial previa”.
Las bancadas del PRI y del PAN defendieron el dictamen en lo general, al observar que el legislador trabajó en lograr un equilibrio entre las garantías individuales, la seguridad pública y la justicia penal.
En cambio, los legisladores de izquierda, que se mantuvieron en contra de la reforma, sostuvieron que se trata de una regresión constitucional. Rosario Ibarra (PT) acusó que se otorgan potestades a los cuerpos de policía de carácter persecutorio.
“No tenemos cuerpos policíacos, ni siquiera empapados en la noción de los derechos humanos, para que les otorguemos el poder de decidir cuándo una manifestación pública puede ser considerada como delincuencia organizada”.
Alejandro González Alcocer (PAN), al defender la reforma en lo general, dijo que “se le olvida a algunos que la seguridad pública también es un derecho de los ciudadanos, y se confunde con otras defensas a ultranza de derechos individuales”.
Los conceptos de arraigo, delincuencia organizada y el allanamiento, fueron el centro de la discusión en lo particular, en un debate sobre 10 artículos Constitucionales relacionados con la reforma que consumió casi todo el año en estudios, redacciones y adiciones diversas a los proyectos.
El enojo del PRD por el sentido de las modificaciones que dan nuevas facultades a la policía, al MP y a la PGR para endurecer la acción contra los delincuentes, por la violación de derechos humanos que conlleva, se expresó en la formación de una veintena de oradores con argumentos de crítica a los preceptos propuestos.
Pablo Gómez, al calor de la discusión, exclamó en la tribuna: “¡Qué manera de partirle la madre a la Constitución!”
Con las disposiciones para llevar a cabo un allanamiento, dijo Gómez Álvarez, “los policías van a poder entrar a la casa de quien sea”.
La reforma faculta a la policía a ingresar sin orden judicial a un domicilio, cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas.
Los senadores, en una de las enmiendas que formularon a la minuta que devolvieron a la Cámara de Diputados, suprimieron la posibilidad de que opere el allanamiento, por el simple hecho de que “exista información o conocimiento” de una amenaza contra las personas que estén dentro de un inmueble.
El Senado estuvo de acuerdo en el esquema gradual de la reforma, que tendría aplicación plena en el periodo de ocho años, toda vez que dispone la creación de figuras como el juez de control y del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sesionan los diputados sólo para cerrar periodo
El perIodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados terminó ayer entre elogios y bullas de los legisladores.
La sesión, en la que se esperaba que se eligieran a los tres consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) sólo sirvió para nombrar a los integrantes de la Comisión Permanente y para clausurar el perIodo.
Mientras los coordinadores de los ocho partidos en San Lázaro felicitaron la actuación de la presidenta de la Mesa Directiva, Ruth Zavaleta, otros diputados reclamaron el no haber elegido a los nuevos consejeros del IFE ni haber cumplido con otros temas prioritarios en la agenda nacional.
A pesar de las diferencias que se dieron entre Zavaleta y algunos diputados, principalmente de Nueva Alianza, Convergencia y del mismo PRD, el pleno de San Lázaro felicitó a la Mesa Directiva por cómo se llevaron a cabo los trabajos legislativos que, según sus versiones, fue el más productivo.
Sin embargo, el diputado Fernando Mayans (PRD), reclamó al pleno la falta de interés ante las inundaciones y pérdidas de Tabasco.
“La falta de interés en esta Cámara a lo que pasó en Tabasco no puede ser una felicitación, y lo siento, pero yo no puedo ser adulador, ni traer flores mientras mi pueblo está sufriendo” en referencia al estado sureño.
Así, a diferencia del pasado diciembre, en el que hubo una lucha entre el PAN y el PRD por la tribuna para que el presidente Felipe Calderón Hinojosa tomara protesta, ahora se despidieron con un aplauso.
