Buscan que el Gobierno reconozca la titularidad de varios edificios que ocupa la Comisión.
EL UNIVERSAL
MÉXICO, DF.- El ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, promovió una demanda en contra del presidente Felipe Calderón con la intención de que el gobierno federal le reconozca a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la titularidad de la propiedad de varios edificios que ocupa este organismo.
La CNDH tuvo que recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como última instancia, para lograr que se le conceda y reconozca la propiedad de los inmuebles que ocupa, y que le fueron otorgados a través de una reforma, pero que no les han sido entregados oficialmente.
Hasta el momento el Gobierno Federal se ha opuesto a que la Comisión se quede con la propiedad de los inmuebles que se le otorgaron en sus inicios, durante el sexenio del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, y así se lo ha hecho saber a trabes del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
Esta es la primera vez, desde su creación, que la CNDH promueve un juicio en contra del presidente de la República. También es la primera ocasión en que la Comisión interpone un juicio de controversia constitucional ante la SCJN.
En la Constitución no se establece de manera explícita que la Comisión tenga la facultad de promover este tipo de juicios.
En la carta magna se señala que este un juicio destinado a resolver conflictos entre la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal, los Poderes Federales y locales.
Pero el ministro Genaro Góngora Pimentel decidió admitir la demanda que presentó la Comisión, con base en una tesis, que emitió el pleno de la propia Suprema Corte de Justicia, en la que se hace extensivo, a los órganos autónomos, el derecho de promover controversias constitucionales.
Una vez admitida la demanda, bajo el número 150/2006, el ministro emplazó al presidente Calderón para que responda a la demanda en un plazo de 30 días hábiles.
El presidente Calderón, a través de la consejería jurídica de la presidencia, puede impugnar el acuerdo del ministro Góngora y pedir que se anule su decisión, bajo el argumento de que la CNDH no tiene facultades para demandar por esta vía al titular del Ejecutivo.
En caso de que esto suceda el caso se le turnaría a otro ministro para su análisis y, una vez elaborado un proyecto de sentencia, se enviaría al Pleno de la SCJN para en esta instancia se decida si se ratifica, revoca o modifica la decisión del ministro Góngora Pimentel.
Si se ratifica la decisión de Góngora, la Corte tendría que pronunciarse sobre el fondo de la demanda promovida por la CNDH, pero si se revoca el acuerdo del ministro el caso sería desechado de manera definitiva.
