Varias organizaciones radicaron cuatro demandas contra el condado de Otero, Nuevo México, en las que se aduce que la Policía realizó redadas ilegales en las que numerosos hispanos fueron arrestados y hostigados sin órdenes judiciales ni causa probable.
Las demandas fueron presentadas por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), el Fondo Educacional y de Defensa Legal Mexicano-Estadounidense (MALDEF, también por sus siglas en inglés), la Red Fronteriza para los Derechos Humanos y el Proyecto de Derechos Civiles de Paso del Norte. En ellas se denuncia que las redadas en esta localidad próxima a El Paso, Texas, fueron ilegales.
En septiembre la Policía de Otero estaba pidiendo pruebas de ciudadanía en semáforos y en las propias viviendas de la gente. Más de una docena de personas fue arrestada y entregada a la Patrulla Fronteriza entre agosto y septiembre.
Las demandas señalan que la Policía persiguió a hispanos como parte de una campaña del Gobierno Federal tendiente a combatir la delincuencia en las localidades fronterizas. Un portavoz de la Patrulla Fronteriza dijo que los fondos asignados para esa campaña no pueden ser usados para combatir la inmigración ilegal. Los agentes, no obstante, pueden tratar de corroborar la identidad de personas sospechosas de haber cometido algún delito.
Chaparral se encuentra 48 kilómetros (30 millas) al norte de la frontera con México. David H. Urias, abogado de MALDEF, dijo que las redadas de septiembre violaron el derecho de las personas a un proceso legal y las protecciones que brinda la Constitución para garantizar que una persona no sea sometida a averiguaciones injustificadas.
Un residente mencionado en una de las demandas, que pidió no ser identificado, dijo que un agente trató de ingresar a su casa por una ventana en la madrugada del 10 de septiembre. Cuando alguien lo vio, desistió y golpeó la puerta.
Nadie atendió, según la demanda, tras lo cual otro agente gritó “Traemos una pizza”. Nuevamente, nadie respondió. El agente gritó entonces “Control de animales. Salgan todos”.
La familia que ocupaba la vivienda permaneció adentro, relata la demanda. Luego de unos minutos, un agente gritó: “Oficina del alguacil del condado de Otero. Salgan todos”.
Uno de los hijos de la familia, un adolescente que es ciudadano estadounidense, abrió levemente la puerta y un agente le dijo que su perro había mordido a alguien, algo que él negó. Los agentes ingresaron a la vivienda por la fuerza y, según los ocupantes de la casa, hicieron un registro a fondo, vaciaron cajones y revisaron la cartera de la dueña de casa.
Avalan en Virginia medidas antiinmigrantes
Una serie de drásticas medidas para combatir a los inmigrantes indocumentados fue aprobada unánimemente en el condado Prince William la madrugada de ayer miércoles después de una audiencia de 12 horas marcada por emotivos testimonios y empujones.
Las medidas impedirían que los indocumentados obtengan algunos servicios públicos en el condado, como licencias para obtener negocios, asesoría en casos de drogas, asistencia de vivienda y servicios para ancianos.
La Junta de Supervisores también concede financiamiento a la Policía para que determine el estado inmigratorio de cualquier persona que transgreda la Ley en caso de que sospechen que la persona es indocumentada.
Veintidós personas ya han presentado demanda judicial en un Tribunal federal con el objeto de bloquear las medidas, que según dicen, violan las leyes de igualdad de protección y el principio de que la inmigración es un asunto federal.
Unos 400 residentes e inmigrantes hablaron a favor o en contra de las medidas durante una sesión de 12 horas que se prolongó hasta las 2 de la madrugada de ayer.
