Mineros acusaron al líder minero por desviar 55 millones de dólares.
Un grupo de 11 trabajadores mineros y metalúrgicos conformaron un grupo denominado Beta de Plata, interpusieron una demanda mercantil en contra de Napoleón Gómez Urrutia y otros miembros del su sindicato, así como de Scotiabank Inverlat, "por la malversación" de 55 millones de dólares de un fideicomiso.
La denuncia, que se interpuso a través de su abogado, Agustín Acosta Azcón, en su momento también defensor de René Bejarano, ante el Tribunal Superior de Justicia, que fue turnada al juzgado 46 civil del Distrito Federal, no tiene el fin de pretender que Napoleón Gómez Urrutia sea encarcelado, dijo el litigante, sino de reestablecer el fideicomiso minero para que se levante un padrón y sean entregados los 55 millones de dólares a quienes les corresponde.
Es decir, a unos 10 mil trabajadores mineros y metalúrgicos de 11 entidades federativas, que laboraron en empresas como Cananea de Cobre, Minerales Metálicos del Norte e Industrial Minera México.
Martín Perales, miembro del citado grupo, sostuvo que es mentira que ya se haya entregado parte de ese dinero, como lo ha dicho la gente cercana a Gómez Urrutia, así como también lo es el que el resto esté en cuentas bancarias que fueron congeladas por el gobierno federal.
Lo que se quiere, insistió, es recuperar el capital y los intereses que debieron haberse generado durante dos años.
Los otros demandados, además de el propio Sindicato, son Héctor Félix Estrella, ex secretario de finanzas de ese gremio; así como otros dos miembros del Comité Ejecutivo Nacional, José Ángel Rocha Pérez y Juan Linares Montúfar.
Agustín Acosta informó que los trabajadores firmantes de la demanda en cuestión solicitan a las autoridades ordenar el cumplimiento forzoso del contrato del fideicomiso extinguido en el 2005.
Con ello, que se exija al sindicato y, en su caso, a Scotiabank Inverlat, como solidario responsable, la entrega de los 55 millones de dólares.
Los denunciantes piden que las autoridades obliguen a la organización gremial y a la referida institución bancaria que paguen a los trabajadores afectados los daños y perjuicios ocasionados por lo que consideran, la ilegal disposición del patrimonio del fideicomiso en cuestión.
El abogado argumentó que el sindicato no tenía facultades legales para extinguir el fideicomiso, ya que en materia mercantil no podía representar a los trabajadores siguiendo los principios de la materia laboral y mucho menos con fines de lucro.
Aclaró que las denuncias penales contra Gómez Urrutia son diferentes a la civil referida.
Cuando se refirió a la citada institución bancaria, precisó que esta incumplió con sus obligaciones como fiduciaria al no dar al fideicomiso cumplimiento de su razón de ser y no entregar a cada uno de los beneficiarios la parte proporcional de los 55 millones de dólares, ya que el mismo contrato que constituye el fideicomiso establece que la única forma de extinguirse o dejar de surtir efectos, es cumpliendo con su fin, y no mediante un acuerdo o convenio. Asimismo mencionó que el caso puede prolongarse por tres años.
