La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), presentó una moción para evitar que las autoridades de inmigración narcoticen fuertemente a aquellas personas que son deportadas en vuelos comerciales hacia sus países.
La moción fue entregada el martes en un Tribunal federal después de que una autoridad de los servicios estadounidenses de inmigración testificó el mes pasado ante el Senado que unos 50 inmigrantes fueron obligados a ingerir sustancias psicotrópicas durante un periodo de siete meses. Muchos de ellos no tenían ningún diagnóstico siquiátrico.
“La información más reciente muestra que la política del Gobierno de narcotizar fuertemente es más extendida de lo que se había sido sugerido previamente”, afirmó el abogado de la ACLU Ahilan T. Arulanantham.
La portavoz del Servicio de Inmigración y Aduanas Lauri Haley dijo que esa oficina no hace comentarios sobre litigios pendientes, pero aseguró que rara vez se aplican medicaciones de forma forzada. “La sedación médica es un acto de última instancia y se usa raramente”, dijo Haley.
Según documentos de la corte, uno de los deportados, un hombre senegalés, fue obligado a recostarse en el pasillo de un avión estacionado en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y se le inyectó una sustancia sedante.
La moción declara que “es médicamente impropio y vergonzoso que el Gobierno crea que puede tratar a los inmigrantes como animales y que puede inyectarles drogas poderosas usadas contra psicópatas”.
La medida fue tomada como parte de una demanda entablada en junio por la ACLU a nombre del hombre senegalés y de otro deportado que también fue narcotizado fuertemente durante su proceso de deportación.
La ACLU sostiene que esa práctica puede constituir un acto de tortura y que puede violar tanto el Acta de Derechos Civiles como la ley federal con respecto al tratamiento médico de los detenidos.
Bloquea juez plan contra empresas que contraten indocumentados
El juez federal Charles Breyer bloqueó ayer un plan del Gobierno del presidente George W. Bush para iniciar una campaña contra empresas que contraten indocumentados.
La determinación del juez de Distrito del norte de California impidió de hecho el inicio de un plan que pondría presión para el despido de casi nueve millones de trabajadores sin documentos, que es parte de una anunciada campaña contra indocumentados luego de que el Senado fracasó en acordar una reforma migratoria.
La demanda contra la campaña fue interpuesta por grupos como la coalición sindical AFL-CIO, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que expresaron preocupación por los efectos que una campaña de ese tipo podría tener sobre empresas y trabajadores.
“No hay duda que los efectos de la instrumentación de esa regla serían severos”, indicó Breyer en su decisión, en la que hizo referencia también a la posibilidad de “daños irreparables para trabajadores y empleadores inocentes”.
Según el reglamento, las autoridades debían comenzar a enviar cartas a unas 140 mil empresas, advirtiéndoles sobre la necesidad de verificar la autenticidad de los números de Seguro Social presentados por sus empleados.
La iniciativa del Gobierno contempla un plazo de 90 días para que las empresas corrijan cualquier error o discrepancia en los documentos, periodo tras el cual las compañías tendrían que despedir a los empleados con documentos falsos o afrontar multas y hasta penas de cárcel.
