El Consejo de Seguridad de la ONU instó a la Junta Militar de Myanmar y a todas las partes involucradas a colaborar para reducir tensiones y para alcanzar una solución pacífica. (Archivo)
Insta el Consejo de Seguridad de la ONU a la Junta Militar a entablar un diálogo para la reconciliación nacional.
El Consejo de Seguridad de la ONU deploró ayer con firmeza la violenta represión de la Junta Militar de Myanmar (Birmania) de las protestas pacíficas y le instó a entablar un diálogo con la Oposición que conduzca a la reconciliación nacional.
La declaración adoptada por unanimidad por el máximo órgano de la ONU evita condenar explícitamente las acciones del régimen militar por la oposición de China a un texto demasiado agresivo, pero incluye un llamado a la liberación de todos los presos políticos y detenidos.
“El Consejo de Seguridad también insta al Gobierno y a todas las partes involucradas a colaborar para reducir tensiones y para alcanzar una solución pacífica”, señala el documento.
Además, poco antes el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, decidió enviar de nuevo a la región a su enviado especial, Ibrahim Gambari, quien la pasada semana presentó ante el Consejo de Seguridad un informe sobre su viaje a Rangún del 29 de septiembre al 2 de octubre.
Gambari “volverá a la región el fin de semana próximo para consultar con los socios regionales”, dijo Ban en un comunicado.
El enviado especial comenzará sus consultas “por Tailandia el próximo lunes, para continuar por Malasia, Indonesia, India, China y Japón, con la idea de volver inmediatamente después a Birmania”.
En su declaración de ayer, los 15 miembros del máximo órgano de decisiones de la ONU destacan la necesidad de un “diálogo genuino” entre las partes involucradas, incluida la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi y grupos étnicos, “para lograr a un proceso de reconciliación nacional completo, con el apoyo directo de la Organización de las Naciones Unidas”.
“El Consejo de Seguridad pide al Gobierno de Myanmar que tome todas las medidas necesarias para afrontar los temas económicos, políticos, humanitarios y de derechos humanos que preocupan a su población” y enfatiza que el futuro del país “está en manos de todo el pueblo”.
Piden embargo total de armas a Myanmar
El grupo internacional Human Rights Watch (HRW) pidió ayer al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que imponga un embargo total de armas a la Junta Militar de Birmania (Myanmar), en respuesta a su violenta represión política.
“Ha llegado el momento para el Consejo de Seguridad de poner fin a la venta y envíos de armas a un Gobierno que emplea la represión y el miedo para mantenerse en el poder”, indicó esta organización comprometida con la defensa de los derechos humanos.
En su comunicado, HRW identificó a China, India y a Rusia como los mayores proveedores de armas para el Ejército birmano, sosten de los generales que rigen el país desde hace 45 años.
“En vez de continuar protegiendo a los generales abusadores, China y Rusia deben unirse a otros miembros del Consejo de Seguridad para inutilizar todos los instrumentos de represión”, añadió el grupo con sede en Nueva York.
El Ejército birmano, cuyas filas están integradas por unos 400 mil efectivos, libra desde hace medio siglo esporádicos combates con algunas de las guerrillas étnicas que mantienen la lucha armada con la finalidad de conseguir la autonomía o la independencia de los territorios en los que habitan.
Denuncian muerte de activista preso
Un activista de la Liga Nacional de la Democracia (NLD) en Myanmar, arrestado durante las protestas masivas del mes pasado contra la Junta Militar, murió a causa de maltratos que sufrió en prisión, denunció ayer un grupo de derechos humanos.
La cadena informativa británica BBC indicó que según el reporte, Win Shwe, de 42 años, fue detenido el 26 de septiembre pasado cerca de Mandalay junto a otras cuatro personas, cuando el Gobierno comenzó una enérgica represión contra los manifestantes.
La Liga Nacional para la Democracia es el grupo que dirige la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, quien ha pasado 12 años en arresto domiciliario.
La Asociación de Asistencia para Prisioneros Políticos (AAPP, por sus siglas en inglés), con sede en Tailandia, dijo que la muerte de Shwe preocupa principalmente por los cientos de personas que siguen detenidas.
