Andar por los caminos del derecho, lo lleva a uno a descubrir nuevas instituciones que se han implementado en otras entidades de la República.
No obstante que Coahuila, es una entidad de vanguardia en cuya legislación se contienen instituciones que llaman buenamente la atención en otros estados, hay aspectos o derechos que aún no se contienen en ella y que consideramos deberían incluirse en ella.
Así, nos encontramos recientemente en Chiapas con una que llamó nuestra atención por la novedad que representa. Trataré de ser claro y concreto.
En el Artículo 19 de su Constitución, textualmente dispone que: “… La duración de las campañas se sujetará a las disposiciones de la Ley, pero, en todo caso, no deberá rebasar de noventa días. Los partidos políticos serán responsables de la veracidad y factibilidad de las propuestas de sus candidatos. Las campañas políticas tendrán como objetivo la obtención del voto a través de la difusión de la plataforma electoral y el debate ideológico. Cualquier partido político o candidato que no cumpla con las anteriores disposiciones será sancionado en los términos de la Ley de la materia. Las autoridades garantizarán, también, que los ciudadanos tengan acceso a información para conocer a las personas que serán electas y que le sean expresadas con veracidad las propuestas ideológicas y programáticas de cada candidato o partido político. El Instituto organizará debates obligatorios entre los candidatos, en los términos de la Ley de la materia, mismos que deberán ser difundidos en los medios de comunicación” (los subrayados son nuestros).
Específicamente, resulta interesante saber de la posibilidad que tiene el ciudadano de que los partidos políticos sean responsables de la veracidad y factibilidad de las promesas de campaña de sus candidatos, así como que su incumplimiento puede ser motivo de sanción.
En nuestro sistema político, no obstante los evidentes avances, es notable el cómo cualquier candidato puede formular propuesta exageradas de campaña a sabiendas de que no las podrá cumplir. Todo ello con la complacencia del partido que lo postula.
Para probar este aserto, bástenos con recordar la forma en que llega Vicente Fox al poder y la forma en que se condujo durante los meses de campaña, haciendo ofrecimientos que sabía no podría cumplir, si llegaba (como llegó) a la Presidencia de la República.
Claro está que ese derecho se consagra en una Constitución local, pero podría extenderse a otras legislaciones del país y hasta la Constitución federal.
De manera concreta, los legisladores coahuilenses deberían estudiar la posibilidad de introducir este derecho en nuestra legislación.
Su justificación está clara, pues no es válido engañar al electorado con la finalidad de obtener su voto y después no cumplir con los ofrecimientos que se le hicieron.
Habría que adecuar justa y claramente las sanciones aplicables en tal caso, pero de que es viable y fundada una institución como la comentada no tengo duda.
Se trata también de establecer mecanismos que permitan el establecimiento de valores como la veracidad y la honestidad, en la vida política, porque si los valores nos hacen mucha falta en general, mucho más falta hacen en la política sea ésta local o nacional.
Son en esencia derechos novedosos que vale la pena estudiar y proponer para que se incluyan en nuestra legislación, a fin de permanecer a la vanguardia en materia legislativa.
Tal vez lo más difícil sea la fijación de las sanciones, pero podrían ir desde las económicas al partido que postuló al incumplido, hasta la pérdida del cargo, por haber engañado al electorado.
De esa forma las propuestas de campaña serían realistas y viables, no falacias que se convierten en verdaderas burlas al pueblo. Si no se conducen honestamente por virtud, que lo hagan por temor.
Por lo demás: “Hasta que nos volvamos a encontrar que Dios te guarde en la palma de Su mano”.
