Baja California vive agobiada por la violencia ante la actividad desenfrenada de la delincuencia organizada.
Nunca como en estos años se ha vivido tiempos tan magros en seguridad social.
Las ejecuciones, secuestros y balaceras son el pan de todos los días en Tijuana, Mexicali y recientemente en Rosarito y Tecate.
La presencia del narcotráfico es impresionante a pesar del supuesto debilitamiento del Cártel Arellano Félix y del Operativo Tijuana que inició a principios de 2007 con resultados por demás raquíticos.
Lo cierto es que si la inseguridad no cede en el corto plazo las autoridades locales estarán obligadas a renunciar o a solicitar apoyo internacional en contra del narco.
Algunos especialistas achacan esta escalada de violencia a la lucha encarnizada de las mafias por la plaza, cuya cercanía con el dorado mercado de California ofrece atractivos insospechados.
Otros analistas señalan que el Gobierno de Vicente Fox no agarró el toro por los cuernos y por el contario permitió que el narcotráfico avanzara sin obstáculos en México.
Algunos más afirman que el ex alcalde Jorge Hank entregó al narco el control de la Policía de Tijuana a través de su ahijado Jorge Vera, además de que durante sus tres años de gestión no hubo coordinación alguna con el Gobierno de Eugenio Elorduy.
De hecho las tres versiones anteriores son parte del desastre que vive Baja California, pero agregaríamos una muy importante: los capos de la mafia no quieren ceder territorios y menos la frontera de México con California, la entidad más rica de Norteamérica.
Hace un mes Baja California estrenó nuevo gobernador y la semana pasada cinco nuevos alcaldes tomaron posesión en sus distintos municipios. El mensaje al unísono de los nuevos funcionarios fue combatir la delincuencia y brindar seguridad a los ciudadanos.
El gobernador, José Guadalupe Millán, no pasa día sin reiterar su promesa de atacar al crimen organizado, bandera que expuso una y otra vez en su campaña y que prácticamente le dio el triunfo en las elecciones de agosto.
Los cinco alcaldes recién estrenados han seguido la tónica de Millán. El presidente municipal de Tijuana, Jorge Ramos, designó a un abogado que encabezaba el movimiento ciudadano en contra de la violencia como su director de Seguridad Pública.
Este funcionario de nombre Alberto Capella sufrió días antes de su nombramiento un atentado en su domicilio en una clara advertencia contra las autoridades y del cual resultó milagrosamente ileso.
Los capos, pues, no descansan y están dispuesto a jugarse el pellejo completo para mantener sus codiciadas zonas de poder.
El martes pasado se descubrió un sofisticado narcotúnel en las inmediaciones de Tecate junto a un cargamento de 17 toneladas de marihuana. Un día después el subdidrector operativo de la Policía y quien había participado en las pesquisas del pasadizo, fue acribillado en presencia de su esposa e hijos.
La situación que vive Baja California deberá ser seguida con lupa en todo el país. Por primera vez en varios años tanto el estado como los principales municipios son gobernados por panistas al igual que el presidente de la República.
Por lo mismo no debe existir pretexto para implantar un plan coordinado en contra del narcotráfico, el “pollerismo”, los secuestros y robos de autos, entre otros graves delitos.
Si Baja California no logra avanzar, entonces quiere decir que las autoridades no están haciendo bien su trabajo o de plano el monstruo del crimen organizado creció tanto que México tendrá que acudir al apoyo de países y organismos del extranjero.
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