Crisis en Colombia tras la captura de varios congresistas por acusaciones de nexos con la guerrilla.
EFE
Bogotá.- Cuatro congresistas colombianos más ingresarán hoy a prisión por sus presuntos nexos con paramilitares, entre ellos Álvaro Araújo Castro, hermano de la Canciller María Consuelo Araújo, quien no renunció al cargo como pidieron sectores políticos.
A la medida judicial contra el hermano de la alta funcionaria se sumó una petición de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía para que investigue al padre de ambos, el ex ministro de Agricultura y ex senador Alvaro Araújo Noguera, por cargos similares y su presunta participación en un secuestro.
El presidente de la Sala Penal del Alto Tribunal, Alfredo Gómez Quintero, envió a la Fiscalía la petición que afecta al ex ministro.
Según la solicitud, Araújo Noguera habría participado en el secuestro del ex candidato a la Gobernación del departamento norteño del Cesar, Víctor Ochoa Daza, en 2002.
Pese a esa situación, conocida en Colombia como el escándalo de la "para política", la canciller Araújo no dimitió y por el contrario, recibió el respaldo del presidente Álvaro Uribe.
"Como canciller de Colombia, respeto y acato las decisiones de la justicia", señaló en una declaración de tres puntos, que leyó a periodistas.
La Corte, asimismo, solicitó a la Fiscalía que investigue al actual gobernador del Cesar, Hernando Molina, sobrino de Araújo Noguera, e hijo de la asesinada ex ministra de Cultura, Consuelo Araújo Noguera, por los mismos delitos.
En la causa de la "para política" han sido detenidos un total de siete congresistas, tres de ellos desde noviembre pasado y uno más se encuentra en el exterior.
Además de Araújo Castro, fueron afectados con la medida judicial Dieb Maloof, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo Escobar, Mauricio Pimiento y Jorge Luis Caballero.
Este último, representante a la Cámara, se encuentra fuera del país.
Desde noviembre pasado se encuentran detenidos los también congresistas Jairo Enrique Merlano, Álvaro García Romero y Erik Morris.
Los parlamentarios detenidos por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI), o que se entregaron voluntariamente el mismo jueves, dos de ellos en Santa Marta (norte), fueron concentrados en la sede del ente acusador en Bogotá.
Fuentes judiciales indicaron que podrán ser recluidos en breve en la cárcel "La Picota" de la capital colombiana.
Los afectados son congresistas de departamentos de la costa caribeña y del noroeste del país, y pertenecen a coaliciones políticas afines al presidente Uribe.
La ex parlamentara Clara López Obregón denunció en junio de 2005 los presuntos vínculos de congresistas con organizaciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, escuadrones de la ultraderecha armada).
El senador Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo (PDA), por su parte, convocó, denunció y presentó documentos y testimonios en famosos debates en la sede parlamentaria que involucraban a colegas de escaño.
La confiscación, a mediados del año pasado, de un computador personal del jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", que actuaba en la costa caribe, y que contenía documentos comprometedores, fue uno de los detonantes del escándalo.
Salvatore Mancuso, uno de los máximos jefes de las AUC, desmovilizado y actualmente detenido, declaró en una entrevista hace poco más de dos años que su organización tenía "el 35 por ciento" de los escaños del Congreso colombiano.
