EL UNIVERSAL
WASHINGTON, EU.- Una Corte de apelaciones de Cincinnati desestimó ayer un recurso que cuestionaba el programa de escuchas telefónicas ordenado por el presidente estadounidense, George W. Bush, tras los atentados del 11-S y que causaron un escándalo político.
Según el Tribunal, la Unión de Libertades Civiles de EU (ACLU, por sus siglas en inglés) no “tiene el derecho legal” de presentar una demanda contra el controvertido programa de escuchas telefónicas y de control de correos electrónicos del Gobierno de Bush, informaron ayer fuentes judiciales.
La decisión de ayer fue aprobada por dos votos a favor y uno en contra y en caso de que la ACLU no recurra la decisión, la demanda regresará a un juez de Distrito en Michigan, quien daría por cerrado el proceso.
La Administración Bush ha reiterado que el programa de escuchas telefónicas sin autorización judicial, instaurado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, es un arma fundamental en la lucha contra el terrorismo.
El descubrimiento de la existencia de este programa, en diciembre de 2005, causó las protestas airadas de los demócratas y algunos republicanos, así como de grupos defensores de los derechos civiles, que lo consideran ilegal.
En enero el Gobierno dejó el programa y ordenó que fuera revisado por el Tribunal de Vigilancia del Espionaje Extranjero (FISA), creado en 1978 para controlar las actividades de espionaje ejecutivo sobre ciudadanos estadounidenses.
En agosto de 2006 una jueza federal de la ciudad de Detroit ordenó interrumpir de forma inmediata las escuchas telefónicas sin autorización judicial del presidente.
La magistrada Anna Diggs Taylor emitió un fallo en el que consideraba que el programa de espionaje puesto en marcha por el Gobierno dentro de Estados Unidos era inconstitucional.
Según ella, violaba los derechos a la libertad de expresión y a la intimidad de los ciudadanos, así como la separación de poderes que consagra la Constitución estadounidense.
El fallo se producía en respuesta a una denuncia presentada por la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos contra el controvertido programa de escuchas telefónicas.
