Tras reunirse a las cinco de la mañana en la plaza de la República (Monumento a la Revolución) y hacer una escala a las nueve ante la Embajada española, una caravana de vecinos de Zimapán, Hidalgo y personas solidarias con su causa llegarán a Los Pinos para hacer conocer el grave problema que, según su información, se abatirá sobre su ciudad y una vasta región que abarca municipios de Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, debido al confinamiento de desechos tóxicos y peligrosos que se construye en las inmediaciones de aquel enclave minero.
Se comprende que los zimapanenses sean sensibles a los problemas de contaminación como los que puede generar ese establecimiento. Durante décadas han sufrido el envenenamiento del agua por el arsénico que penetra en los mantos freáticos procedente de desaprensivas operaciones mineras. En noviembre de 2002 vieron cómo la población piscicola de la presa que lleva el nombre de Fernando Hiriart Valderrama murió masivamente a causa de la afluencia de tóxicos transportados por las corrientes que la alimentan.
Ahora están alarmados por el pronto comienzo de las operaciones de este confinamiento, propiedad de Sistemas de Desarrollo Sustentable, filial de la empresa española Befesa, que es a su vez parte del gigantesco grupo Abengoa, cuyas operaciones en diversos campos industriales crecen en México como expresión de la reconquista emprendida con éxito por bancos y otros negocios hispanos. Las operaciones de ese gigante dedicado a la energía, la tecnología de la información, la construcción y las actividades medioambientales, son altamente rentables. Sólo Befesa ganó el año pasado 24 millones de euros, un 46 por ciento más que en 2005. Una de las causas de su alta rentabilidad consiste en que opera en países ávidos de inversiones y con escasa densidad institucional, como los de Europa del este que se han incorporado a la Unión Europea. En México las actividades de Abengoa van camino a ser autosustentables, si no lo son ya: su empresa constructora obtuvo, por ejemplo en 2004 dos contratos con la Comisión Federal de Electricidad, por 91 millones de pesos, y Befesa invierte 60 en la “planta de estabilización e inertización” de residuos industriales, como eufemísticamente se llama a este basurero tóxico.
Quién sabe si engañando al ayuntamiento, o éste ocultando información a los zimapanenses, Befesa consiguió autorización en 2004 para una planta recicladora de basura. En junio pasado, sin embargo, vino a saberse de la verdadera naturaleza del proyecto, que se ubica en la comunidad de Botinhá, en el ejido Cuauhtémoc. Oficialmente la empresa informa que está por concluir la primera celda de almacenamiento, con capacidad para 392 mil 988 metros cúbicos de desechos, que se utilizará a razón de casi 19 mil toneladas por año. Ese “confinamiento controlado de residuos peligrosos” está ubicado a seis kilómetros en línea recta de la cabecera municipal, siendo que conforme a las normas técnicas establecimientos de este género no pueden instalarse más que a 25 kilómetros de enclaves urbanos.
Los opositores a esta planta señalan que a menos de un kilómetro en línea recta se hallan las grutas de Xaja, donde brotan aguas termales conectadas con el manantial Infiernillo, de donde el Gobierno de Querétaro se surtirá del indispensable líquido. “Debajo de donde se construye el vertedero –añaden— corren siete manantiales, uno de ellos conectado a otros sistemas fluviales de Tecozautlá, Tasquillo y el Valle del Mezquital, además de Tequisquiapan, Qro”. La zona, dicen, es volcánica, con actividad sísmica y se encuentra sobre una falla geológica, la Cabalgadura del doctor, amén de que forma parte de la Sierra Gorda, declarada Reserva de la biosfera y Patrimonio de la humanidad. Al riesgo de filtraciones a las aguas subterráneas se agrega el de que los gases generados por la basura se extiendan por una dilatada comarca, misma que también puede ser dañada por el transporte de los desechos a través de carreteras estrechas y sinuosas.
La empresa y el ayuntamiento, ocultando la índole del proyecto, consiguieron que la asamblea ejidal autorizara la obra, con el señuelo de crear 30 puestos de trabajo y el pago de diez mil pesos mensuales durante treinta años. Los opositores al confinamiento acudieron a la movilización social y consiguieron que la secretaría del Medio ambiente considere sus razones, pero no han logrado que suspenda la obra, auspiciada por el Gobierno Estatal, lo que ha generado una peligrosa tensión. El 9 de octubre un grupo alebrestado atacó a funcionarios de Pachuca, colaboradores directos del gobernador Miguel Osorio, incitados según explicaron porque se aprovechó un acto de otra naturaleza para descalificar al movimiento opositor. El día quince siguiente un intento de obstruir el paso a las obras del tiradero fue impedido por mil agentes de la policía.
No sería extraño que una movilización policial semejante se haya desplegado anoche y en la madrugada de hoy para evitar que salga la caravana que pretende llegar a Los Pinos. Su propósito es sensibilizar al Gobierno Federal para que suspenda la obra hasta que técnicos independientes calificados, designados por la UNAM y el Politécnico determinen el grado de riesgo que el basurero puede generar. Mientras tanto crece la tensión local, pues se intenta desprestigiar al movimiento atribuyéndole móviles partidarios o intereses bastardos de competencia económica, siendo que es eminentemente ciudadano.
