INVESTIGACIÓN | LA COMISIÓN SERÁ ENCABEZADA POR EL MINISTRO JUAN SILVA MEZA.
El máximo Tribunal dejó abierta la posibilidad de que se investiguen las redes de pederastia y pornografía que denunció Lydia Cacho.
Agencias
MÉXICO, DF.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) designó una nueva comisión para investigar al gobernador de Puebla, Mario Marín y otros funcionarios estatales, por posibles violaciones graves a las garantías de la escritora Lydia Cacho.
La comisión será encabezada por el ministro Juan Silva Meza, sin separarse de sus funciones en la Corte, con la asistencia de los magistrados de Circuito Emma Meza Fonseca, Sergio Alvarado Puente y Enrique Escobar Ángeles.
De acuerdo con la nueva resolución de la Corte, los comisionados tendrán la más amplia libertad para indagar, e incluso podrán extender su actividad para comprobar la posible protección o complicidad del Gobierno de Puebla con las redes de pederastia que Cacho denunció en su libro Los Demonios del Edén.
El nombramiento de esta segunda comisión derivó de lo acordado por una mayoría de siete ministros, que el pasado 19 de septiembre rechazaron el informe de la primera comisión, integrada por Meza Fonseca y Óscar Vázquez Marín.
El informe, presentado luego de tres meses de indagatoria, fue considerado insuficiente porque los magistrados rechazaron de entrada analizar las conversaciones telefónicas entre Marín y el empresario textilero Kamel Nacif, ya que fueron obtenidas de manera ilegal.
?No se pretende que este audio se tendría que haber dado por bueno, pues no se trataba de asignarle algún valor probatorio, pero se considera que a partir de ahí debieron trazar líneas que en el curso de la investigación tuvieron que irse probando o desvirtuando?, explicó ayer el ministro José de Jesús Gudiño, autor de la nueva sentencia.
Meza Fonseca tampoco dejará sus funciones de magistrada. En cambio, deberán pedir licencia para dedicarse al caso los magistrados Enrique Escobar, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Distrito Federal y Sergio Alvarado, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Monterrey.
El ministro Silva Meza fue insistente en ampliar la investigación al tema de las redes de pederastia, que el Congreso no mencionó expresamente cuando pidió a la Corte intervenir en el caso y a fin de cuentas fue aprobada su propuesta de no fijar hipótesis previas para el trabajo de la comisión.
?El objetivo fundamental de la investigación se debe centrar en la existencia o no de un posible concierto de autoridades del Estado de Puebla para violar los derechos fundamentales de Lydia Cacho?, dice el mandato a los comisionados.
?Si dentro de la investigación, directamente relacionados con ella, los comisionados encuentran hechos o situaciones diversos que a su vez pudieran constituir violaciones graves de garantías, podrán tomarlos en consideración?, agrega.
Los ministros también acordaron que por ahora no se calificará la legalidad o valor probatorio de las conversaciones telefónicas.
Otro punto planteado por la sentencia de ayer es que la comisión indagará con más detalle la actuación personal del gobernador, así como sus relaciones con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla y la Procuradora de Justicia del Estado.
En las grabaciones, que hace un año fueron ampliamente difundidas en los medios, Nacif agradece al gobernador su aparente intervención para agilizar su denuncia por difamación contra Cacho, quien lo mencionó en su libro como protector del pederasta Jean Succar Kuri.
Un juez penal de Puebla ordenó a finales de 2005 la aprehensión de Cacho, quien fue detenida en Cancún y trasladada a Puebla, donde estuvo presa algunas horas para luego salir bajo fianza.
El juicio penal por difamación contra Cacho fue cancelado porque el expediente fue enviado al Distrito Federal donde este delito fue derogado.
Cabe mencionar que las conclusiones de la investigación de la Corte no tendrán valor jurídico alguno, sino que será un mero informe que se hará llegar a las autoridades correspondientes. Es apenas la tercera vez en su historia que la Corte ejerce esta facultad investigadora, prevista en el Artículo 97 de la Constitución, y la primera vez que el mismo asunto requiere dos comisiones distintas.
