La Suprema Corte de Justicia de la Nación designó a la comisión de magistrados federales que se encargará de investigar a las administraciones del ex presidente Vicente Fox y del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, por los hechos violentos en esta entidad, de mayo de 2006 a enero de 2007, debido al conflicto magisterial. (Archivo)
Los magistrados Roberto Lara Hernández y Manuel Baraibar investigarán a Fox y Ruiz.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) designó a la comisión que investigará el conflicto político y social del año pasado en Oaxaca, más de dos meses después de que aceptó la solicitud de la Cámara de Diputados para intervenir en el caso.
A propuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, el pleno del máximo tribunal comisionó a los magistrados Roberto Lara Hernández y Manuel Baraibar Constantino para que se encarguen de investigar a las administraciones del ex presidente Vicente Fox y del actual gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz para determinar si incurrieron en violaciones graves a las garantías protegidas por la Constitución.
En este sentido, la comisión es similar a la que investiga los disturbios de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, pues sólo participan dos magistrados de circuito, sin intervención directa de algún Ministro de la Corte.
El objetivo de la investigación será determinar si autoridades federales, estatales y municipales incurrieron en excesos al aplicar la fuerza pública en la entidad, pero también aclarar si fueron omisas para restaurar y preservar el orden, ante el conflicto entre el Gobierno estatal y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
La Corte buscará derivar de este caso una serie de criterios generales sobre el uso debido de la fuerza pública, que podrán guiar la actuación de las autoridades en casos futuros, aunque no serán de cumplimiento obligatorio.
La tardanza para designar la comisión se debe a que, cuando aceptó realizar esta investigación, la Corte también decidió aprobar reglas para guiar las indagatorias, pues hasta ahora no existía ninguna reglamentación para el Artículo 97 de la Constitución donde están previstas.
Las reglas respectivas fueron publicadas la semana pasada y serán aplicables para ésta y las demás investigaciones similares de la Corte.
Actualmente, el magistrado Lara se desempeña en el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal en el Distrito Federal, mientras que Baraibar es su vecino en el mismo edificio, pues labora en el octavo tribunal colegiado de la misma especialidad.
De acuerdo a las reglas, la comisión tendrá seis meses para desahogar la investigación, pero el plazo podrá prorrogarse si la Corte lo considera necesario.
Los comisionados sólo podrán indagar los hechos consumados que ocurrieron en el periodo mencionado, no nuevos conflictos que pudieran presentarse en Oaxaca.
Sustenta juez federal sentencia del caso Acteal en Wikipedia
El juez federal del caso Acteal, Martín Rangel Cervantes, recurrió a Wikipedia, la enciclopedia libre de Internet, para sentenciar a 25 años de prisión a 18 indígenas tzotziles acusados por la matanza de 45 personas ocurrida en esa comunidad chiapaneca hace casi 10 años.
Rangel Cervantes utilizó ese sitio de Internet para sustentar el delito de portación de arma de uso exclusivo del Ejército en contra de los acusados, desechando el dictamen de balística que consta en el expediente.
El dictamen establece que las tres armas encontradas por la Procuraduría General de la República (PGR) después de la matanza no corresponden a los casquillos que se recuperaron en la escena del crimen, los cuales forman parte de la evidencia.
Sin embargo, con la ayuda de Wikipedia, el juez determinó que ese tipo de casquillos se utilizan en armas de alto calibre, cuyo uso está reservado a las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, que los acusados son los responsables del delito, a pesar de que el dictamen no pueda relacionar las armas aseguradas con los casquillos recuperados.
En la sentencia, el juez describe a lo largo de casi cuatro fojas, las armas que, según el sitio de Internet, utilizan el tipo de casquillos recuperados.
Martín Rangel Cervantes tampoco tomó en cuenta los resultados de la prueba de radizonato de sodio, que se realizó dos días después de la matanza, para establecer si los inculpados habían disparado armas de fuego en las últimas horas, según los datos recabados.
De acuerdo con el dictamen, no se detectó plomo ni bario en las manos de 17 de los procesados, pero el juez resolvió que aun así pudieron haber disparado las tres armas que constan en el expediente.
La sentencia, dictada el 22 de julio, ya fue impugnada por la defensa, por lo que será revisada por el Primer Tribunal Unitario, de Tuxtla Gutiérrez.
