La Corte subrayó que el caso no podía resolverse 'basándose en pruebas ilegales', pues la premisa fue una grabación obtenida en franca violación al Artículo 16 de la Constitución. (Archivo)
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) subrayó que la resolución que emitió sobre la posible violación grave de garantías individuales de la periodista Lydia Cacho no deriva en impunidad.
Puntualizó que su conclusión sólo establece que no quedó demostrado el concierto entre autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Puebla para perjudicar a la periodista, por lo que "no deriva en impunidad para quienes hayan cometido actos delictivos".
En voz de la ministra Margarita Luna Ramos precisó que la conclusión del máximo tribunal de justicia del país "no significa que otras autoridades no puedan o no deban seguir adelante con la investigación de asuntos muy sensibles para nuestra sociedad".
Acompañada por el ministro Sergio Valls Hernández, sostuvo que el dictamen final sobre el caso se apegó de manera estricta a Derecho lo que no quiere decir, recalcó, que la SCJN no tenga "empatía y sensibilidad" con la causas que se le presentan.
En la sede alterna del alto tribunal ubicada en el sur de la ciudad de México subrayó que el caso no podía resolverse "basándose en pruebas ilegales", pues la premisa de la que parte la solicitud de investigación enviada por el Congreso de la Unión "fue una grabación obtenida en franca violación al Artículo 16 de la Constitución".
Luna Ramos explicó que sólo las pruebas legalmente presentadas pueden valorarse en el marco de la ley y la constitucionalidad de los hechos que se someten a su jurisdicción y que el fallo tomó en cuenta esa "consideración técnica, que soporta la justicia y que da solidez al funcionamiento de todo el sistema judicial de nuestro país".
En ese sentido subrayó que "como tribunal constitucional del país la Corte es la primera obligada a cumplir con la Constitución y a velar por que las pruebas que obren en un expediente sean obtenidas de forma legal".
Manifestó que la mejor garantía de un estado de Derecho es que el alto tribunal del país actúe apegado a Derecho a pesar de las voces sentidas de grupos de la sociedad.
Planteó que el Derecho y su aplicación garantizan a los ciudadanos un verdadero acceso a la justicia, y que la libertad de jurisdicción "implica la obligación de hacer siempre lo debido y no lo que resulta popular".
La ministra sostuvo que los ministros decidieron de cara a la sociedad con la transmisión de sus debates y argumentos individuales en vivo durante varios días a través del Canal Judicial y que en este como en todos los casos "hemos puesto lo mejor de nosotros para servir correctamente a nuestro país".
