El ministro Salvador Aguirre Anguiano defendió ayer la fortaleza de la Suprema Corte de Justicia ante las presiones de que ha sido objeto por parte de todas las partes interesadas en el litigio contra la llamada Ley Televisa.
“No saben de lo que estamos hechos”, afirmó el ministro al presentar su proyecto de sentencia ante el pleno de del organismo.
“Para cumplir con nuestras encomiendas no pagamos costo político alguno, estamos prestos a realizarlas, a desahogarlas sin ideologización ni politización partidista, simplemente conforme a nuestra convicción, imparcialmente, sin estridencias, tal y como está previsto en la Constitución, sin preocupaciones de otras políticas, de eso estamos hechos”, dijo.
Aguirre se refirió a todos los que han atacado o presionado a la Corte por ambos flancos durante este juicio y concluyó que no se podrá quedar bien con ellos.
“Que la Corte no se deje presionar por persona o institución alguna, pero que si no se resuelve la inconstitucionalidad, provocará que el partido político que afirmó lo primero no colabore en los quehaceres de la reforma del Estado”, dijo en referencia a declaraciones del PRD.
“Que de resolver la Corte el tema de las entidades desconcentradas conforme al último precedente, habrá una regresión innegable al autoritarismo”, agregó, en recuerdo de los duros ataques de Televisa y Televisión Azteca.
“Que de no resolver la Corte como dicen los accionantes, se establecerá a perpetuidad un duopolio o que de resolver la Corte como dicen los accionantes, se frenará el desarrollo tecnológico y comercial de radio, televisión y otras telecomunicaciones”, siguió el ministro.
Recriminó además la inacción del Poder Legislativo.
“Que si la Corte no reconoce la inconstitucionalidad de la Ley, el Senado pondrá remedio. Aparentemente en aproximadamente un año no se reflexionó en la solución legislativa sin que, desde luego, nada lo impidiera”.
Aguirre también aclaró sobre qué se trata realmente este juicio, pero antes, aclaró de lo que no se trata.
“No trata sobre aspectos técnicos de convergencia tecnológica, ni de las ventajas de la señal digital sobre la analógica, ni sobre al ancho de banda de frecuencia, o sobre el desarrollo tecnológico de los prestadores de servicios.
“No resolveremos sobre la competitividad a nivel nacional o internacional de las telecomunicaciones, menos aún nos pronunciaremos sobre características técnicas de servicios que prestan los concesionarios”, afirmó.
Para el ministro, lo que la Corte deberá definir es qué constituye la propiedad originaria del Estado Mexicano, establecer si el espectro radioeléctrico es un bien del dominio público y precisar el régimen Constitucional de las concesiones.
Además, delimitar la manera en que bienes y servicios son concesionados, para decidir si una concesión puede ser desvinculada del uso específico sobre el bien público para el que fue otorgada.
“Se trata de ver si los artículos impugnados respetan o no los principios constitucionales de equidad, no discriminación, concurrencia económica y rectoría del estado”, concluyó.
El pleno de la Corte, integrado sólo por nueve Ministros en vez de los once habituales, iniciará el debate del proyecto de Aguirre mañana jueves.
Aclaran expertos las dudas
¿Pueden o no pueden las televisoras aprovechar la transición digital para brindar nuevos servicios?, es la pregunta central para los Ministro de la Suprema Corte en el litigo de la llamada Ley Televisa.
Durante más de dos horas, seis especialistas de la UNAM y del IPN respondieron catorce preguntas de los juzgadores, casi todas sobre la posibilidad de ofrecer nuevos servicios de valor agregado en el ancho de banda que puede quedar libre gracias a la digitalización de la radio y televisión abiertas.
La duda es clave en el contexto del Artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, que permite a estos concesionarios prestar servicios de telecomunicaciones sin participar en una licitación, y sin que sea obligatorio un pago al Estado.
Los expertos coincidieron en que técnicamente es posible, pero poco práctico y económicamente inviable, debido a las limitaciones que impone el estándar A53 de ATCS adoptado por México para la transición a la televisión digital.
“Las normas de radiodifusión no se pueden mover tan rápido porque implica muchas cuestiones sociales”, dijo Hildeberto Jardón del IPN, al ilustrar la dificultad de cambiar los millones de aparatos receptores de televisión que hay en México.
“¿Podría un concesionario de radiodifusión transmitir Internet durante el tiempo que no transmita en alta definición”, preguntó el Ministro Genaro Góngora.
Víctor García Garduño de la UNAM, respondió que eso podría darse en un país del tercer mundo que no tuviera otras redes de telecomunicaciones, pero consideró que en México no tendría razón de ser.
