Sólo hasta que el Ejército Popular Revolucionario reivindicó el 10 de julio ataques a instalaciones de Pemex y las explicó (y amenazó con continuarlas) en función de la captura y desaparición de dos de sus miembros, los gobiernos federal y de Oaxaca emitieron una respuesta al reclamo de que aparezcan Gabriel Alberto Cruz Sánchez (también llamado Raymundo Rivera Bravo) y Edmundo Reyes Amaya: ambas instancias negaron haber detenido y mantener en esa condición a esas personas. Y apartaron los ojos del problema, como si no fuera deber de las autoridades investigar la desaparición de personas, máxime cuando de su suerte depende la del país, pues el EPR amagó con nuevos ataques si no se ubica el paradero de sus compañeros. Importa mucho a la sociedad hallar a los responsables de los atentados que directa o indirectamente provocaron enormes daños materiales. Pero igualmente importa resolver el problema que, real o aparentemente, está en el origen de la campaña militar de hostigamiento del EPR.
Ese grupo guerrillero denunció el dos de junio la captura y desaparición de sus compañeros. Dos días después el reclamo había salido de los confines del grupo directamente afectado y lo hicieron suyo una liga defensora de los derechos humanos y la Organización mundial contra la tortura. Habrá quien diga, desde la perspectiva de la rutina burocrática, que no es preciso atender en todos los casos las denuncias de ese género, porque las formulan organizaciones que sirven de voceros a grupos alzados en armas, para efectos meramente propagandísticos. Es inadmisible ese desdén, pero lo es más la indiferencia a un llamado en el mismo sentido firmado por dos senadoras de la República, Rosario Ibarra y María Rojo; la primera, desde hace más de treinta años eminente luchadora por la presentación de desaparecidos. Firmaron también ese mensaje un gobernador, Lázaro Cárdenas Batel, un ex rector de la Universidad Nacional, Pablo González Casanova, varios intelectuales dotados de voz pública, etcétera. Nadie acusó siquiera recibo de su denuncia. De no ser porque el EPR, de atender el comunicado del 10 de julio, decidió dar a la suya la fuerza de un ataque violento y una amenaza, la desaparición forzada de estas personas pasaría a estas horas inadvertida para las sociedad, como hasta este momento mismo parece ocurrir para las autoridades.
Según el EPR, sus compañeros fueron detenidos la noche del viernes 25 de mayo entre las 20 y las 22 horas “en una acción fortuita de la Policía”, es decir que no se sabía quiénes eran o no se había planeado su captura. Sin embargo, el grupo guerrillero se contradijo pues informó que se les torturaba en la delegación oaxaqueña de la PGR, con la participación de militares, miembros de la Agencia Federal de Investigación y “agentes norteamericanos que fungen como asesores de la Policía y el Ejército”. Nada de ello habría ocurrido de haberse tratado de una detención por casualidad.
El perfil de los detenidos es muy diferente. Reyes Amaya, según testimonio de su hija Nadín, que lo busca desesperada en Oaxaca, es un comerciante en el Distrito Federal. Viajaba regularmente a Oaxaca, pero ella y su madre entendían que era para visitar a su familia, pues ignoraban que fuera miembro del EPR tal como ahora lo ha definido el propio grupo. Cruz Sánchez o Rivera Bravo, en cambio, es un combatiente inserto en la clandestinidad hace mucho tiempo. Es hermano de Tiburcio Cruz Sánchez, que con su identidad de Francisco Cerezo Quiroz es el padre de Héctor, Antonio y Alejandro Cerezo Contreras, protagonistas de uno de los más escandalosos abusos de la procuración y administración de justicia.
Los tres fueron detenidos, cada vez más se aprecia que en calidad de rehenes en pos de la captura de su padre, en agosto de 2001. Las acusaciones en su contra, que incluían terrorismo y otros delitos de menor penalidad, fueron cayendo una a una al punto de que Alejandro fue ya exonerado, no obstante que se le enjuició por los mismos hechos que a sus hermanos. Ello siguen presos, purgando sus sentencias en penales de alta seguridad como si fueran reos muy peligrosos y no, de haberse comprobado ese extremo, colocadores de petardos que no provocaron sino mínimos daños materiales en sucursales bancarias.
Ante la negativa de las autoridades sobre la detención de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, caben dos conjeturas. O no es verdad que han desaparecido y se trata de un montaje del EPR para contar con un motivo para su campaña militar o las agencias policiacas o militares que los detuvieron no pueden reconocer que los tienen consigo porque han mentido o peor aún, porque ya no estén vivos si es que acaso no soportaron la tortura que se dice sufrieron. También podría ocurrir que los guerrilleros hubieran entrado en conflicto con sus compañeros y se les hubiera reducido a prisión o ultimado y se pretendiera cargar esa cuenta al Gobierno Federal, pues son agentes de ese ámbito de competencia los señalados por el PGR.
Se ha desplegado una gran operación en busca de los responsables de los atentados a Pemex y para resguardar sus instalaciones. Entre los objetivos de ese despliegue debe contar también establecer el paradero y la suerte de los alzados cuya desaparición se denuncia. Si el EPR mostró capacidades para generar daños en instalaciones estratégicas no es sensato desestimar su amenaza de hacerlo de nuevo y por eso debería ser urgente privarlo del móvil con que inició esta fase de su guerra al Estado.
