TORREÓN, COAH.- Los presuntos extorsionadores telefónicos inculpados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC) rindieron su declaración preparatoria y niegan los hechos por lo cual van a ofrecer pruebas a su favor antes de que se resuelva su situación legal el 23 del presente.
En el Juzgado Primero del ramo penal, su titular, Octaviano Sánchez Sánchez, informó sobre el expediente 267/07 donde se involucra Mario Parra Moreno; José Mario Ibarra Pérez; Edrey Salas Muro; Irving Alberto Parra Morán; Aarón Ortiz de la Fuente y Javier García Favela.
Extorsión y asociación delictuosa, son los delitos que enfrentan los seis sujetos que presuntamente intimidaban a sus víctimas, ya que se hacían pasar por ‘Zetas’. La penalidad es de los 10 a 20 años de prisión.
Mario Parra y José Ibarra Pérez fueron los primeros en abandonar el arraigo dictado desde el 18 de octubre y fueron remitidos al Cereso, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado y robo con intimidación, por los cuales ya se les dictó formal prisión en el Juzgado Tercero.
Sobre los hechos el Juzgador dijo que el afectado es un empresario del ramo de grúas, quien en octubre recibió llamadas donde le exigían 800 mil pesos a cambio de no hacer ningún daño a su familia.
Las llamadas siguieron y la cantidad disminuyó a 200 mil y finalmente a 50 mil pesos, ya que en el último contacto a la víctima presuntamente le hicieron llegar un sobre con fotografías de su casa, propiedades y familia.
Los presuntos extorsionadores fueron detenidos por agentes ministeriales cuando iban a cobrar el citado dinero en el exterior de un centro comercial y se les aseguró un fusil automático AK-47 (‘cuerno de chivo’), dos cargadores para pistola, una granada y uniformes de la Policía Ministerial y de Seguridad Pública, así como un automóvil Stratus 2004.
Esta banda se aprovechaba del temor generado en La Laguna por hechos violentos durante el verano y ahora enfrentan cargos por delitos graves, ya que si bien la extorsión tiene una penalidad menor a los 10 años, la sentencia se podría duplicar por la agravante de la asociación delictuosa.
