Ex empleada cometió diversas irregularidades por un monto de un millón 35 mil pesos
EL SIGLO DE TORREÓN
GÓMEZ PALACIO, DGO.- Por el delito de peculado por un monto de más de un millón de pesos, cometido en perjuicio de la Dirección de Pensiones del Estado de Durango, fue aprehendida la ex empleada de esa dependencia, Sandra Manuela García Rosales.
El juez primero del Ramo Penal, Luis Montoya García, informa que fue puesta a disposición de esa instancia la inculpada, de 31 años y con domicilio en la calle Abasolo de esta ciudad.
Sandra Manuela se desempeñaba como cajera de la Dirección de Pensiones del Estado de Durango, dependencia que interpuso una denuncia en su contra desde el mes de noviembre de 2004, ante el Ministerio Público de Delitos Patrimoniales.
De acuerdo a la parte acusadora, la ex empleada cometió diversas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, como faltantes en fichas de depósito bancarias, facturas de reembolso no pagadas, además de presentar facturas como ya pagadas sin estarlo, entre otras anomalías cuyo monto ascendió a un millón 35 mil pesos, según lo determinado por la Dirección de Pensiones.
Luego de integrar la Averiguación Previa, el Ministerio Público consignó el caso al Juzgado Primero y solicitó la orden de aprehensión contra Sandra Manuela, pero le fue negada por falta de elementos.
El Ministerio Público aportó más pruebas y de nueva cuenta el Juzgado Penal negó la orden de aprehensión, motivo por el cual el Ministerio Público Adscrito al Juzgado, apeló la resolución del Juzgado ante la Segunda Sala Unitaria Mixta, con sede en esta ciudad.
Una vez hecho el análisis de la apelación, la Sala Unitaria revocó la resolución del Juzgado Penal y le pidió girar la orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada el martes pasado por agentes de la Dirección Estatal de Investigación (DEI).
Ayer rindió su declaración preparatoria la inculpada, quien negó los cargos en todo momento y su defensa solicitó la ampliación del término constitucional para presentar pruebas de descargo, de tal forma que su situación legal se resuelve la semana entrante, de acuerdo a lo manifestado por el juez penal.
