Por irresponsabilidad, por dolo o para incrementar la presión política sobre el Gobierno de la ciudad, con el añadido de un doble lenguaje, el Gobierno Federal dejó que perdiera su efecto la concertación de bancos y el Gobierno capitalino, para refinanciar la deuda del DF, que debió firmarse ayer. El presidente Calderón fingió ante su huésped argentino Néstor Kirchner una disposición de ánimo que no corresponde a los hechos a los que se refiere.
Dijo que instruyó al secretario de Hacienda para que examine con el Gobierno de la ciudad el problema de la deuda “para que podamos aliviar esa condición que frena las posibilidades de desarrollo de la ciudad”. Según el presidente, la autoridad capitalina tiene que pagar “casi veinte mil millones de pesos en tres años, lo cual le resta viabilidad y capacidad de maniobra y de gobierno al Gobierno (sic) del Distrito Federal”. Son en realidad cinco y no tres años, inexactitud que acaso busca subrayar que su propósito “es servir a la ciudadanía sin distingos, sin distingos de partido político y sin distingos de región, mi propósito es servir a los habitantes del Distrito Federal para que puedan enfrentar los enormes problemas que (se viven) en esta ciudad como en muchas otras...”
Las afirmaciones anteriores son banales porque fueron pronunciadas 24 horas antes de que concluyera el plazo para otorgar autorización federal relativa a deuda capitalina. La instrucción presidencial no fue suficiente ni siquiera para producir una respuesta formal. El 8 de junio le fue solicitado a Hacienda su visto bueno para el plan de refinanciamiento que el 29 de mayo anterior habían convenido doce bancos y otras empresas financieras con el GDF, y el Gobierno Federal no se dignó siquiera acusar recibo. El de la ciudad lo urgió, cuando se cumplió un mes de la presentación, hasta cuatro veces, los días 8, 11, 19 y 30 de julio, sin merecer atención. El propio día 30 se emitió una respuesta de un modo que refuerza el desdén con que se aborda el tema desde Hacienda: no el secretario, no un subsecretario, sino el coordinador de asesores de aquél y el jefe de la unidad de deuda pública recibieron a diputados locales de la Asamblea Legislativa y les ofrecieron información que después se hizo constar en un comunicado de prensa, el único documento oficial sobre la materia. Por ese medio informal se trasladó al solicitante la responsabilidad que significa aplazar o cancelar la negociación con los bancos, pues de modo indirecto, le ha planteado “complementar la información necesaria para continuar con la evaluación de la solicitud” y le ha demandado un “compromiso” sobre transparencia y destino de la deuda y establecer un mecanismo que garantice el cumplimiento de las obligaciones capitalinas, como si se hubiera faltado a ellas.
La respuesta no ofrecida a la autoridad solicitante abulta la situación de la deuda. La llama repetidamente “enorme” y de tal gravedad que “ha hipotecado el futuro de la entidad”, por lo que es necesario un “rescate”, pues el Gobierno del DF no está en posibilidad de administrarlo “sin comprometer las finanzas públicas de la capital”.
Muy otra es la opinión de la empresa Fitch Ratings, que anteayer mismo ratificó la calificación de triple A, aplicable a la deuda capitalina, exactamente el mismo rango que el atribuido a la deuda pública nacional. “Esta calificación se asigna a la mejor calidad crediticia respecto a otras entidades, emisoras o emisiones en el país”. La calificadora sostiene la deuda capitalina en ese nivel no obstante reconocer que enfrenta limitantes como el alto nivel de endeudamiento (acotado a partir de 2004; y la transferencia de recursos a la población al mantener tarifas de servicios públicos como el Metro.
Ficht Ratings establece también como limitante las cada vez mayores necesidades de la ciudad, surgidas “del crecimiento desordenado “del área metropolitana en el pasado y las demandas generadas por la población flotante”.
El Gobierno capitalino, a cambio, muestra fortalezas que no asoman en el catastrofista análisis de Hacienda: “sólida estructura de ingresos propios”, “programas de austeridad y disciplina presupuestaria”, “recuperación sobresaliente en la generación de ahorro interno”, “bajas contingencias directas en materia de seguridad social” y las sanas condiciones de la economía.
El Gobierno Federal hizo saber indirectamente al de la Ciudad de México que requiera su compromiso de invertir los ahorros resultantes de la reestructuración “en obras de saneamiento de aguas y drenaje profundo, que enfrentan un rezago importante”. En ese punto el Gobierno Federal, el presidente Calderón particularmente, ha insistido como si se tratara de gobernar directamente una ciudad que goza de autonomía desde 1996. Entre las presiones para obtener un acuerdo político contrario a la actual condición del Gobierno de la ciudad, renuente a reconocer (hasta donde le es posible) a Calderón, éste hace constantes advertencias sobre riesgos que padecen los capitalinos debido a la incuria de sus autoridades.
Si el Gobierno Federal está al tanto de esos riesgos es por que el capitalino se los ha hecho conocer. El 24 de abril pasado el jefe de Gobierno dirigió al director de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege un descarnado diagnóstico de tres páginas y media que admite “un inadecuado funcionamiento en el drenaje profundo de la ciudad, el cual conlleva el riesgo inminente de un colapso” (emeequis, 29 de julio).
