El Siglo de Torreón
San Juan de Sabinas, Coah.- Hasta hace unos días las demandas de los familiares de los 65 mineros muertos en la tragedia de Pasta de Conchos se limitaban a dos aspectos esenciales: la recuperación inmediata de los 63 cadáveres que permanecen en medio del filón y castigo con cárcel para los responsables de que la carbonera, propiedad de Industrial Minera México, haya operado con elevados índices de inseguridad.
A un año de la tragedia la demanda ha cambiado, los deudos exigen el retiro de las concesiones que tiene la empresa Industrial Minera México para explotar los yacimientos de carbón.
?Nosotros queremos que una vez recuperados los cuerpos y cuando se castigue a los responsables de la tragedia, las autoridades, en este caso del Gobierno Federal, cancelen todas las concesiones que le han dado a Industrial Minera México y a su filial, Grupo México?, dice la profesora Maribel Rico Montelongo.
Maribel perdió a su hermano Gil en la explosión de la mina ocurrida el 19 de febrero del 2006, desde ese día se convirtió en activista para reclamar justicia, desde ese día su vida y la de su familia ya no fue igual.
?Desde hace un año, cuando pasó todo esto, la vida en la familia ya no es igual, nos hace falta, mucha falta, Gil era el centro de atención en la familia. Era el hermano mayor, al que todos consultábamos y al que todos le hacíamos caso?, recuerda la profesora.
Para Elvira Martínez Espinoza lo más difícil ha sido explicarle a sus hijos que ya nunca verán el cuerpo de su padre, tampoco podrán velarlo.
?Ya pasó un año y por naturaleza los cuerpos se descomponen y lo que me pregunto es qué nos van a entregar, por eso trato de explicarles a los niños que cuando nos entreguen el cuerpo de su padre no va a haber velorio ni nada, lo normal, como cuando cualquier persona muere. Les digo que nada más nos vamos a ir directito al panteón, a sepultarlo y ya, se acabó?.
Desde el 19 de febrero de 2006 la vida de Elvira cambió radicalmente. Ahora ella es padre y madre de sus hijos, pero también es una de las principales activistas que exige justicia.
A la semana siguiente de la explosión, la empresa extendió 65 cheques, uno para cada viuda, por 750 mil pesos por concepto de apoyo humanitario, cantidad independiente a la indemnización legal y al resto de las ayudas. A la fecha, Elvira es la única que no ha accedido al citado apoyo.
?Cómo era posible que nos dieran dinero cuando lo que yo les estaba pidiendo era a mi esposo y hasta la fecha sigo en la misma postura, porque no estamos aquí para sacar un beneficio económico, estamos aquí porque los queremos a ellos?.
Elvira al igual que la profesora Rico Montelongo demanda el cierre de la empresa, ?a los directivos de IMMSA les dolería más que les quitaran la concesión y la producción, que ver a uno de sus miembros en la cárcel?.
