Diputados aprueban la reforma judicial

El PRD intenta aplazar la discusión hasta el siguiente periodo de sesiones.

Con el voto dividido de la bancada del PRD, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma judicial, en la que, entre otras cosas, permitirá el allanamiento de una casa-habitación en caso de que esté en riesgo una vida ya sea de manera evidente o por información de terceros.

Además de que regula a las policías locales, al Ministerio Público, y da luz verde para que las grabaciones telefónicas se acepten como prueba en caso de delito, cuando alguno de los implicados la presente.

A pesar de que la reforma judicial avanzó por consenso en las comisiones legislativas, en el pleno de la Cámara de Diputados, el PRD se dividió una vez más, bajo el argumento de que las modificaciones legales son violatorias de los derechos humanos.

Por ello, se intentó aplazar su discusión, primero por unas horas y después, hasta el siguiente periodo de sesiones, petición que no se logró ante la mayoría evidente de PAN, PRI y partidos minoritarios.

Para algunos perredistas los casos de permitir arraigos y allanamientos son “insalvables”, pues dan pie a abusos.

Ante esos cuestionamientos, los diputados del PRI y PAN aceptaron de última hora que las reformas al sistema de justicia penal mexicano, incluyan condicionamientos y candados a las policías que realicen cateos en domicilios sin orden de un juez.

César Camacho Quiroz (PRI), presidente de la comisión de Justicia, informó que se hizo una modificación para garantizar que los cuerpos policiacos que hagan un allanamiento de morada, tengan elementos suficientes para realizarlo.

Detalló que la reforma incluirá que cuando elementos policiacos ingresen a un domicilio sin orden judicial, de inmediato deberán remitir a un juez los elementos objetivos que fundamenten el ingreso, y se demuestre que en realidad estaban en riesgo la vida e integridad de las personas.

Camacho fundamentó desde la tribuna que el dictamen de reforma judicial logra poner límites y terminar con los abusos de las policías, y que le da al Estado instrumentos para combatir al crimen organizado y reestablecer el tejido social.

Camacho explicó que ese permiso sólo será posible cuando esté en riesgo la vida de una persona, y puso un ejemplo:

“En caso de un secuestro, que se sepa que en una casa está sucediendo un secuestro, no tendremos que esperar una orden de un juez, se entrará directamente, porque está en riesgo una vida, y la vida está por encima de cualquier cosa. O en otro caso, que es una persecución, un delincuente se esconda en una vivienda, a esa casa la Policía tendrá derecho de entrar para detenerlo, y las acciones policiacas deberán ser explicadas, fundamentadas y detalladas ante una autoridad superior, porque así se controlarán”.

“Decenas de miles en prisión padecen un sistema absurdo que penaliza la pobreza y la condición social, más que los actos de esas personas, procesos penales gravosos y largos; formalismos que rayan en el absurdo y que llegan a poner en situaciones vergonzosas a las víctimas de los delitos”.

“Peligrosas organizaciones criminales que le han robado la tranquilidad a la población, y el entramado jurídico y las instituciones que lo aplican, creadas para hacer justicia, se han vuelto paradójicamente injustas”, dijo Camacho en la tribuna.

En el dictamen aprobado ayer se establece que la autoridad judicial, a petición de Ministerio Público, y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar arraigo hasta por 40 días, el cual se podrá extenderse hasta por otro periodo igual, siempre que sea necesario para una investigación la protección de las personas.

Además se sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad de las comunicaciones privadas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas.

Es decir, que en caso de que una persona grabe una conversación telefónica, ésta sí servirá de prueba en contra de la tercera persona en mención.

El proceso penal será acusatorio y oral; se regirá por los principios de contradicción, concentración e inmediación, con el fin de esclarecer el caso, proteger al inocente, y procurar que el culpable no quede impune y que los daños se reparen.

La división perredista ante el tema provocó críticas en algunos diputados con los que se han hecho alianzas. La diputada Layda Sansores de Convergencia, les reprochó a los perredistas desde la tribuna, que no reconozcan que la reforma judicial es una moneda de cambio con la elección de consejeros del IFE.

Senadores no apresurarán revisión de la minuta

Senadores integrantes de las comisiones unidas de Justicia, Seguridad Pública, Gobernación, Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Senado coincidieron anoche en que no se apresurarán en revisar la minuta que les envíe la Cámara de Diputados que modifica diversos artículos de la Constitución en materia de justicia penal.

No se descarta que el asunto pudiera llevarse al pleno del Senado en el siguiente periodo ordinario de sesiones, que empieza en febrero.

El perredista Pablo Gómez hizo notar que como se trata de una reforma constitucional, aun cuando el Senado la aprobara en el actual periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, no entraría en vigor en diciembre porque faltaría que fuera avalada por la mayoría de las legislaturas locales.

Alejandro Zapata Perogordo, Ricardo García Cervantes y Felipe González, del PAN, coincidieron en que no deben apresurarse en la aprobación de la reforma.

Hay que tomarse el tiempo que sea necesario, sostuvo Felipe González.

García Cervantes habló también de la posibilidad de irse hasta febrero para aprobarla o en todo caso convocar a un periodo extraordinario de sesiones del Senado.

Jesús Murillo Karam, del PRI, consideró que hay dos o tres cosas dudosas en la reforma, por lo que después de analizarla y clarificarlas, se decidiría si lo más conveniente es que esta propuesta se lleve al pleno del Senado hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones.