El Gobierno Federal trabaja con el sector empresarial y organizaciones de la sociedad civil en el diseño de una estrategia de largo plazo para combatir el contrabando, la “piratería” y el robo de mercancía, informó Fidel López, coordinador jurídico de la Cámara Nacional de Industria del Vestido (CNIV).
La propuesta plantea la instalación de mesas de trabajo donde se diseñe una política de Estado para atacar el problema en torno a tres ejes: combate a la ilegalidad, recuperación del mercado interno, del que entre 60% y 70% está en la informalidad, y fomento a una cultura de la legalidad, explicó.
La intención es atacar y desmantelar a las organizaciones criminales dedicadas a estas actividades, pues se trata de estructuras criminales perfectamente organizadas que, en muchos de los casos, tienen los centros de producción y de distribución fuera del territorio nacional.
En entrevista, el abogado precisó que se pretende replicar este proyecto en las 32 entidades del país, y que ya se firmó el primer convenio con el Gobierno del Estado de México, y se avanzó en la instalación de las mesas de trabajo, a diferencia del ámbito federal, donde todavía no se da ese primer paso.
En el plano federal, precisó, se plantea la participación de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), responsable de la regulación de aduanas, por donde ingresa al país la mayor parte de la mercancía ilegal. También se trabaja con el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual y el de Derechos de Autor, a fin de definir una estrategia conjunta y erradicar la impunidad “que ha sido el rasgo característico en el combate a estos ilícitos”.
El abogado explicó que, hasta ahora, el problema es que las acciones contra estos delitos se han limitado al aseguramiento de la mercancía ilegal, pero los vacíos jurídicos dejan a salvo los establecimientos donde se producen, almacenan o comercializan estos artículos, pues no hay sanciones de ningún tipo que se les puedan aplicar y esta es otra línea de acción en la que debe trabajarse.
Fidel López destacó que si bien la persecución de estas modalidades de crimen organizado corresponden al Gobierno Federal, también los estados y municipios tienen una responsabilidad que asumir en la tarea.
“Particularmente los municipios, porque son éstos los responsables de regular el comercio y, evitar así las prácticas comerciales que se dan en la vía pública, que es el destino final de la mercancía producto de la piratería, el robo y el contrabando”.
Hay una falta de aplicación de la Ley por parte de los municipios”, sostuvo el representante empresarial.