EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN, COAH.- Para el alcalde José Ángel Pérez, no existe ninguna garantía legal de que el Gobierno del Estado recupere los 140 millones de pesos que costó el Distribuidor Vial Revolución (DVR), una vez que se finquen las responsabilidades sobre los causantes de las irregularidades cometidas en el proceso constructivo.
Y según él, este aspecto debe precisarse bien, luego de la versión del titular de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), Jesús Torres Charles, en el sentido de que los responsables de la construcción del DVR y del accidente ocurrido en la mina Pasta de Conchos, podrían solicitar fianzas para no pisar la cárcel.
De ser así, consideró que no debe postergarse más la fecha de demolición del DVR, ni por las fiestas del Centenario de Torreón y ni siquiera por las razones de legalidad que argumentó el gobernador Humberto Moreira.
?Nadie sabe el estatus técnico-estructural que tiene actualmente el complejo vial, nadie sabe si siguieron cayéndose los viaductos o se estabilizaron y en resumen, desconocemos si el DVR puede colapsarse súbitamente como en algún momento lo dictaminó un estudio del Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto?.
?Como que ya es el momento de pensar más en lo técnico del DVR, en la seguridad de los ciudadanos que en el aspecto legal, sobre todo si no hay certeza de que va a haber castigo para los responsables ni garantías de que se resarcirá económicamente el daño causado al erario?, dijo José Ángel Pérez.
NO HAY GARANTÍAS
?Como que ya es el momento de pensar más en lo técnico del DVR, en la seguridad de los ciudadanos que en el aspecto legal, sobre todo si no hay certeza de que se castigará a los responsables ni garantía de resarcir el daño causado al erario?.
JOSÉ ANGEL PÉREZ,
ALCALDE DE TORREÓN
