Lo que debió ser claro y transparente se ha vuelto turbio, opaco y nebuloso. En el mes de diciembre de 2006, la Comisión del Consejo para la Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Federal Electoral negó el acceso de los particulares a las boletas convertidas en votos de la elección presidencial, considerando no son disponibles, determinando que dichos documentos electorales no pueden ser públicos. Las únicas autoridades autorizadas por la Ley para conocer este material son la Junta Distrital Electoral al contar los votos y los magistrados electorales del TEPJF al proceder un recuento de votos en la calificación de la elección presidencial. No obstante eso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado revocar la resolución de la Comisión para que explique correctamente por qué un ciudadano no puede disponer de tales boletas.
Llegando al extremo de recomendar que los consejeros del IFE recurran a diversas leyes y a los tratados internacionales en la materia. La comisión del Consejo había decidido que la demanda de los particulares no había sido debidamente fundamentadas (sic) ni motivadas. Se dijo en aquel primer fallo, que ahora se echa abajo, que dar acceso a las boletas electorales podría generar un riesgo para la seguridad nacional, planteándose además una antinomia entre la Ley Electoral y la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Lo que dijeron los siete magistrados de la Sala Superior, es suficiente para considerar rechazadas las peticiones de que se hagan públicas las boletas del pasado dos de julio dando por sentado que la Comisión no podrá actuar con plenitud de jurisdicción, concretándose a repetir lo resuelto por aquéllos. Lo llamativo es que además les leen la cartilla barriendo y trapeando con sus argumentos, como si se tratara de escolapios no les dejan oportunidad de rectificar por sí mismos. Es cierto que el que puede lo más puede lo menos, pero en tal caso más le hubiera valido a la Sala ejercitar su supremacía resolviendo de sopetón lo que dijeron en un principio, consistente en que sólo está permitido a las autoridades que ahí se mencionan los que pueden tener acceso a los votos contenidos en, las boletas electorales.
Hay algo que siembra una inquietud: los argumentos de la Comisión descartados por la Sala dan la impresión de estar elaborados para rechazar la petición de los dos particulares promoventes cualesquiera que sean los argumentos. En efecto en la parte relativa dice: La apertura de las urnas “podría generar un riesgo para la seguridad nacional”. No alcanzamos a comprender cómo la seguridad nacional puede estar por encima de la tranquilidad que traería al país el conocer rotundamente que los votos fueron contados con absoluta equidad.
Es la equidad un principio que, junto al de certeza y de imparcialidad, dejaron en el ánimo de la ciudadanía el que no se hicieron las cosas con la claridad que en derecho correspondía. En el pasado las boletas electorales correspondientes a los comicios donde resultó triunfador Carlos Salinas de Gortari fueron a parar a los sótanos del edificio de San Lázaro, hasta donde llegaron prestigiosos panistas que fueron detenidos por las fuerzas que cuidaban el acceso al lugar mediante el extremos recurso de correr el cerrojo a los fusiles. Al escucharlo desistieron de hacer el recuento.
Las ironías que tiene la vida, son ahora los que se mantienen firmes en lograr que las actas y los sufragios permanezcan intocados. En aquellos años, luego que tomó posesión el nuevo presidente de la República hubo un incendio que acabó con todo intento de abrir por la fuerza las urnas de las que sólo quedaron cenizas. La jornada electoral había quedado atrás. La legalidad no legitimó a aquel mandatario, por lo que hubo de realizar aprehensiones de personajes que fueron a parar a la cárcel. El líder del sindicato petrolero que era señor de horca y cuchillo fue puesto en prisión como una advertencia para aquellos que quisieran disputarle la silla. La misma suerte corrió el líder del sindicato nacional de maestros que fue obligado a dejar el cargo en otras manos.
El sistema no dará marcha atrás en su decisión de mantener lejos de ojos curiosos las papeletas que se utilizaron para dar seguridad a los votantes de que su voluntad ahí expresada se respetaría. Esto como dicen los abogados es una res iudicata. No hay para dónde hacerse. Las irregularidades, si es que las hubo, permanecerán ocultas hasta que se decida a incinerarlas.
El tiempo se ha encargado de irle cerrando las puertas a quienes disienten de los resultados. No hay más, a menos que ocurra un hecho inesperado. Lo que está hecho, mal o bien, está concluido. Cada día que pasa a partir de la toma de posesión del presidente actual es un clavo más en la tapa del ataúd de sus opositores. Aun que se hiciera el esfuerzo de encontrar un medio legal para seguir en el juego, se puede adelantar que este arroz, aunque duro, ya se coció.
La justicia por esta única y última vez ha dicho lo que tenia que decir. La toga y el birrete no fueron obstáculo para tomar el acuerdo. Lastima, como lo ha argumentado el New York Times y el Financial Times, que lo mejor que podría hacerse para reconstruir la concordia en el ambiente político y defender la institucionalidad del país, el recuento de votos, hubiera asegurado la certeza de la elección.
