El proceso para la consulta popular entorno a una Asamblea Constituyente es el problema.
Ecuador vive una nueva crisis política con un grave enfrentamiento entre el gobierno, el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por los preparativos para la consulta sobre una Asamblea Constituyente.
Unos más y otros menos, la gran mayoría de políticos dice estar de acuerdo con la Asamblea Constituyente, para redactar una nueva Carta Magna, pero es el proceso para la consulta popular lo que mantiene crispada la situación.
Un día después de recibir del Gobierno el estatuto para la Asamblea Constituyente, la semana pasada, el TSE convocó a una consulta para el próximo 15 de abril, con un procedimiento que rechaza el Congreso, indignado porque no conoció previamente el texto.
La factura de esa indignación se la pasó al TSE, al "sustituir" en la vocalía del organismo electoral a Jorge Acosta, una vez que el Partido Sociedad Patriótica, del ex presidente Lucio Gutiérrez, lo desconoció y designó a Alejandro Cepeda como su reemplazo.
Al no haber juicio político de por medio y al no existir la figura del "reemplazo" en la legislación, Acosta, que es presidente del TSE, no acató la decisión del Parlamento y más bien presidió una sesión en la que, con otros vocales del TSE, destituyó a los 52 diputados que decidieron su reemplazo.
También sumó a la lista de castigados a los cinco legisladores que el pasado lunes presentaron una demanda de inconstitucionalidad a la convocatoria al referendo ante el Tribunal Constitucional, que ya admitió a trámite el proceso y que podría resolverse incluso después del 15 de abril.
Los ciudadanos de a pie ven con sorpresa la destitución de los diputados del Parlamento, una institución que con su interpretación de la Constitución ha derrocado en los últimos años a tres presidentes elegidos en las urnas.
Sin embargo, ahora el Congreso ha sido víctima de una situación similar, pues el organismo electoral también está interpretando la Ley, según algunos analistas.
El TSE sostiene que, al estar en marcha un proceso electoral, es la máxima autoridad y puede destituir a cualquier funcionario que interfiera en su actividad, pero los legisladores se defienden argumentando que están en el cargo por elección popular.
En medio de la situación, el Ejecutivo ha respaldado al TSE y la policía, lista en mano, ha impedido que los diputados destituidos ingresen en el Parlamento, que no ha podido reunirse, pues los que se salvaron del TSE no suman el quórum exigido.
Así como el Congreso, también el TSE está dividido, pues los representantes de los legisladores destituidos no asisten a las sesiones.
El analista político Gonzalo Ruiz considera que el país está en "el límite del absurdo jurídico y político", mientras que otros expertos y ciudadanos de a pie defienden, con la Constitución en la mano, la legalidad de la actuación de unos y otros.
Pero hay quienes, como el constitucionalista Antonio Rodríguez, opinan que las actuaciones del TSE y del Congreso no tienen sustento y han llevado al país a un bloqueo institucional y legal, que es parte de una "cadena de absurdos".
