“La gente puede dormir en paz por las noches sólo porque hay tipos rudos dispuestos a
recurrir a la violencia para protegerla”.
George Orwell
El asesinato de Sergio Gómez, el cantante del popular grupo musical K-Paz de la Sierra, ha llevado nuevamente la atención del país a esas ejecuciones que se han convertido en hechos cotidianos para los mexicanos.
Hace apenas unos días el periódico Milenio reportaba que, en el primer año de Gobierno de Felipe Calderón, se habían registrado 2,743 ejecuciones; esto es un 23 por ciento de todos los homicidios dolosos en el país, los cuales sumaron aproximadamente 11,800 en 2006. La cifra nos demuestra la gravedad de un problema que está asumiendo visos de epidemia nacional.
No sabemos hasta este momento las motivaciones del secuestro, tortura y homicidio del vocalista del grupo musical. Pudo haberse tratado de un asunto pasional o de una venganza sin relación con el crimen organizado. Sabemos que la tortura comprendió la quema de partes de su cuerpo, incluyendo los genitales, y que la muerte le sobrevino por asfixia y no por disparo de arma de fuego, como comúnmente hacen los sicarios.
Algunas versiones periodísticas, sin embargo, señalan que Gómez fue secuestrado junto a varias personas por un comando armado de unas 50 personas y al final los secuestradores se quedaron sólo con él. Aunque ayer el procurador de Michoacán, Juan Antonio Magaña, me dijo que estos hechos no estaban comprobados y que lo único que sabía es que el cadáver fue localizado cerca de Morelia y posteriormente identificado.
De no haber sido famoso, Gómez habría sido simplemente un nombre más en esa lista enorme de ejecutados que han enlutado a miles de familias en el país. Lo mismo habría ocurrido con la cantante grupera Zayda Peña, ejecutada en Matamoros el fin de semana. Zayda fue primero baleada con una amiga en un motel; la amiga falleció, al igual que un empleado del motel que trató de impedir el ataque, aunque ella sobrevivió. Pero de nada sirvió. Cuando estaba siendo intervenida en el Hospital General de Matamoros, un par de hombres armados ingresaron al quirófano y la ultimaron frente a los médicos y enfermeras. Al igual que en el caso de Sergio Gómez, no tenemos información que nos permita saber quién atacó a esta cantante.
Las autoridades de las distintas entidades en que ocurren estos hechos violentos parecen querer lavarse las manos con la consabida explicación de que se trata de ejecuciones relacionadas con el narco. De alguna manera se entiende. Perseguir narcotraficantes es una ocupación muy peligrosa. Cientos de policías han caído asesinados en los últimos meses en casos que no han sido aclarados. Simplemente ayer un grupo de sicarios acribilló en su casa al subdirector operativo interino de la Policía municipal de Tecate, Baja California, Juan José Soriano Pereira, mientras se encontraba dormido con su esposa. Al parecer su muerte está vinculada con el descubrimiento un día antes de un túnel que atravesaba la frontera y se utilizaba para el transporte de droga.
Si en lugar de atender la información sobre las ejecuciones escuchamos la propaganda gubernamental que se difunde en los tiempos oficiales de los medios, encontraremos una realidad muy distinta. De manera constante el Gobierno nos informa que está obteniendo los mayores éxitos de la historia en el combate contra el narco. Nunca antes habían sido detenidos tantos capos. Nunca se habían hecho decomisos tan importantes. El esfuerzo, por otra parte, no busca otra cosa que mantener la droga alejada de nuestros hijos.
La droga, sin embargo, sigue fluyendo a precios cada vez más bajos, lo cual es indicativo de que la oferta está aumentando. Las ejecuciones, mientras tanto, se han convertido en una forma cada vez más habitual de morir en México.
Los artistas ejecutados no son distintos como seres humanos al resto de las víctimas de la delincuencia en nuestro país. Sus muertes, sin embargo, tienen la ventaja de llamar más la atención de la gente. Cuando cae un desconocido a manos de sicarios, simplemente aumentan las sangrientas estadísticas del crimen en nuestro país. Cuando muere un cantante popular, alguien que la gente identifica personalmente, el crimen se siente más cercano y la presión social a las autoridades aumenta.
No será fácil parar las ejecuciones en México. Si en un solo año hemos registrado 2,743, sin que virtualmente ningún responsable haya sido detenido, debemos reconocer que estamos perdiendo la guerra. De nada sirve la propaganda optimista si realmente nuestros cuerpos de seguridad, que nos cuestan miles de millones de pesos al año, no tienen la capacidad de detener las ejecuciones y de proteger a los gobernados.
AMENAZA
El EPR ha lanzado una nueva amenaza a la sociedad mexicana. Si bien nunca declaró una tregua, hoy anuncia en un comunicado el “reinicio de hostilidades”. Continuará atacando al Estado mexicano: quizá nuevamente esas instalaciones de Pemex que han sido ya tan golpeadas por los eperristas. Pero ahora también incluye a los empresarios entre sus objetivos. El EPR sigue exigiendo que el Gobierno devuelva a dos militantes supuestamente detenidos, pero que el Gobierno niega tener. Lo interesante es que todavía hay políticos que dicen que lo que hay que hacer es negociar con este grupo.
Página de Internet:
www.sergiosarmiento.com
