La senadora opositora colombiana Piedad Córdoba, que realiza gestiones para que las FARC liberen a los secuestrados, reveló ayer que el Ejército bombardeó, en agosto pasado, un campamento en el que ella se reunió con el guerrillero, “Raúl Reyes” y estuvo cerca de abatir al insurgente.
“Quiero comentar que una vez que yo salí de la reunión con ‘Raúl Reyes’ (portavoz FARC) me contó ‘Iván’ que por poco matan a ‘Raúl’”, manifestó la congresista del partido Liberal.
Córdoba admitió que ese bombardeo corresponde a “la responsabilidad que obviamente tiene el Gobierno de enfrentarlos”, en alusión a los guerrilleros, pero agregó que las operaciones “dificultan” los acercamientos.
Córdoba, a quien el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, le encargó interceder ante las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) junto al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, declaró a Caracol Radio que la búsqueda del acuerdo con esa guerrilla tiene enemigos dentro y fuera del Ejecutivo colombiano.
La congresista estuvo ayer en una reunión celebrada en Caracas por Chávez y el guerrillero Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, miembro de la cúpula de las FARC. La reunión fue calificada como el mayor avance que ha tenido hasta ahora la gestión en busca del acuerdo humanitario para la liberación de 45 políticos, soldados, policías y estadounidenses secuestrados.
“De todas maneras hay mucha gente no solamente del Gobierno sino por fuera que está en contra del acuerdo y es mejor preservar absolutamente todo, porque ganarse la confianza y la legitimidad frente a las FARC no es fácil, independientemente de que se trate del presidente Chávez”, expresó.
“Raúl Reyes”, cuyo nombre verdadero es Luis Édgar Devia, es el responsable internacional de las FARC.
El jueves los medios colombianos especularon sobre su posible presencia en Chile, donde fue invitado a un foro paralelo a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. Pero más tarde los organizadores de esa cita aclararon que “Reyes” participó en el foro por medio de un video y el hecho casi desata una crisis diplomática.
Las FARC aspiran a intercambiar a los 45 cautivos por unos 500 guerrilleros presos, pero para aceptar el acuerdo exigen desmilitarizar Florida y Pradera, dos municipios del departamento colombiano del Valle del Cauca (suroeste), que el Gobierno de Uribe se niega a conceder.
