“Libertad es el derecho de vivir sin hipocresía”.
José Martí
El Consejo Coordinador Empresarial contrató en las elecciones del año 2006 dos comerciales de televisión y radio los cuales tuvieron una difusión bastante reducida si se comparan con la avalancha de anuncios de partidos y candidatos que inundaron los medios electrónicos durante la campaña. En esos anuncios no se mencionaba a ningún candidato ni a ningún partido político. Simplemente se hacía un llamado a los mexicanos a respaldar políticas económicas sensatas que impidieran que el país cayera nuevamente en esas crisis financieras que tanta pobreza y sufrimiento causaron a lo largo de las décadas.
Ni las encuestas de opinión ni los estudios de recordación que realizan las empresas de mercadotecnia registran que estos anuncios hayan tenido algún efecto significativo en el desarrollo de la elección. Pero la compra de estos comerciales por el CCE ha sido enarbolada por el PRD como justificación de su tesis de que la elección presidencial no la perdió el partido o su candidato sino que les fue arrebatada por un complot organizado desde el poder.
De manera increíble, el PRD logró que el PRI y el PAN accedieran a una reforma electoral que castiga a los consejeros electorales por su actuación en el año 2006, con lo cual lograron que respaldaran la tesis del fraude, y que prohíbe la contratación de anuncios en medios electrónicos o impresos de anuncios políticos por personas, empresas e instituciones.
El CCE ha tomado la decisión de buscar un amparo contra las enmiendas constitucionales que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de noviembre y que son ahora la base del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Cofipe, que está todavía bajo consideración del Congreso.
La denuncia del CCE tiene un fundamento muy claro. La Constitución, en su Artículo sexto, da a todas las personas e instituciones en el país el derecho a expresarse con libertad. Este Artículo no limita este derecho a los partidos políticos que expresen sus puntos de vista a través del Instituto Federal Electoral. Si se permite que se mantenga la nueva legislación se impedirá de manera práctica a los ciudadanos comunes y corrientes, a los que no son miembros de partidos políticos y no tienen por lo tanto acceso a los dineros y los tiempos de medios que administra el IFE, que hagan llegar sus puntos de vista al resto de la sociedad.
Si un candidato, por ejemplo, hace una campaña a favor del aborto —o en contra de él— aprovechando la enormidad de tiempos en los medios electrónicos que los partidos han obtenido con esta reforma, ningún ciudadano podrá responder a través de estos mismos medios. Poco importa que no busque ningún cargo de elección popular y no mencione nunca a ningún candidato o partido.
Los políticos, deseosos de mantener el control absoluto de las campañas y los procesos políticos, dicen que no se está afectando la libertad de expresión sino simplemente la libertad de comercio. Para los ciudadanos que en un momento dado quieran tener una participación independiente de los partidos en la vida política del país, y que tradicionalmente han comprado tiempos de medios o desplegados en los periódicos para defender sus posiciones frente a los políticos, el golpe a la libertad de expresión es contundente. Su única opción será conseguir que los medios cubran sus protestas, pero esto puede ser contrario a los “lineamientos” que los políticos darán a los medios para su cobertura.
No sé bien cuál pueda ser el destino de este juicio de amparo promovido por el CCE. Tradicionalmente el sistema de justicia de nuestro país ha sido reacio a darle cabida a los amparos contra artículos de la Constitución. Hay quienes afirman, de hecho, que un Artículo constitucional, a pesar de que pueda ser incongruente con otros artículos de la misma Constitución, no puede por definición ser “inconstitucional”. La actual Suprema Corte, por otra parte, ha mantenido posiciones contrarias a la libertad de los individuos y favorables a la tesis de la rectoría del Estado sobre los ciudadanos en ocasiones anteriores, en particular en la controversia constitucional sobre la Ley de Radio y Televisión.
A pesar de ello, el CCE está demostrando una gran valentía al enfrentarse a la fuerza del Estado con este juicio de amparo. Mal habría hecho una institución creada precisamente para defender las libertades individuales frente a los abusos de gobiernos autoritarios en no presentar una batalla legal ante una nueva ley electoral cuyo propósito fundamental es dejar toda la información política del país en manos del pequeño grupo que controla a los partidos de nuestro país. La contradicción de la nueva legislación con el Artículo sexto que garantiza la libertad de expresión es tan grande que vale la pena cuando menos presentar la batalla.
OTRO MÁS
Y la lista sigue creciendo. Este martes fue “levantado” el comandante de la Policía intermunicipal de Boca del Río, Ricardo Ayala Escobar. Horas después apareció ejecutado en el municipio de Rinconada. Así como el subdirector operativo de la Policía municipal de Tecate, asesinado en su casa este lunes, Ayala Escobar estaba comenzando su responsabilidad como comandante. Sólo que a él la responsabilidad no le duró tres días, sino sólo uno. Qué bueno que estamos ganando la guerra contra el narco.
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