La creación del Instituto Federal Electoral (IFE) fue producto de una larga lucha ciudadana para terminar con uno de los componentes más repugnantes de la “dictadura perfecta” del PRI. Durante más de setenta años este aparato político omnipresente en todos los niveles de Gobierno aseguró su permanencia en el poder manejando los comicios asegurando resultados a su favor para repartir a su antojo los puestos oficiales.
Una vasta conjunción de organizaciones ciudadanas logró, después de muchos años, la creación de un órgano ciudadano autónomo, independiente del Gobierno, para organizar las elecciones estableciendo las reglas que garantizasen el respeto a los derechos cívicos del ciudadano mexicano.
El secreto de la independencia del IFE ha radicado en que sólo los consejeros ciudadanos votan las decisiones del Consejo General. Los representantes de los partidos políticos tienen voz pero no voto. Esta característica esencial del IFE al lado de la inamovilidad de los consejeros ciudadanos hace posible que la acción del Instituto esté por encima de los fluctuantes intereses de las circunstancias políticas y que el resultado de las elecciones que se organizan, reclutando a cientos de miles de voluntarios sea confiable.
A lo largo de su existencia el IFE, que ha tenido ya tres etapas de consejeros, ha perfeccionado su capacidad de cumplir su vital misión y prestigio internacional. En este sentido, ha dado asistencia técnica a varios países latinoamericanos, europeos y asiáticos.
Todos fuimos testigos de que las elecciones presidenciales de julio de 2006 fueron las más contestadas de la historia reciente de nuestro país. Más aún, incluso, que los resultados negociados que llevaron a Carlos Salinas al poder. En 2006, quedó crudamente descubierta una mínima diferencia entre los candidatos Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, de menos de uno por ciento a favor del primero.
El proceso postelectoral prolongado, convertido en extremadamente conflictivo, duro y agresivo, fue finalmente resuelto por un fallo escrupulosamente jurídico del Tribunal Federal Electoral, la última instancia calificadora.
López Obrador, el perdedor, jamás ha aceptado la decisión y hasta la fecha él y sus allegados han mantenido vivo el rechazo en un contingente cada vez menos numeroso, aunque siempre vociferante, insistiendo en el no reconocimiento de la Presidencia de Calderón a quien tachan de ilegítimo. Desde hace más de un año AMLO se presenta en las plazas públicas desacreditando las instituciones a las que ha mandado “al demonio” al igual que al presidente.
En el programa del PRD, partido de la negativa institucional, figura el negarse a aportar a la acción legislativa torpedeando todas las iniciativas provenientes del Ejecutivo así sean las de mayor urgencia y necesidad nacional.
El PRI, por su parte, reducido a la tercera fuerza política, encuentra fácil acompañar al PRD en aquello que siente pueda debilitar al Gobierno de Calderón y a la vez fortalecer sus posibilidades de recuperar la Presidencia en 2012.
Los intereses mencionados convergen en el IFE cuyos consejeros son el objeto de la cruda revancha del PRD que los culpa de su derrota en 2006. Su remoción, incluida artificiosamente dentro de una muy necesaria reforma electoral, vendría a cumplir la venganza.
El tema encierra una trascendencia mucho mayor que una novela política. Está de por medio el respeto a la institucionalidad del órgano garante de la limpieza de los procesos electorales sin involucrarse, hay que aclararlo, en arbitrar los diferendos post electorales entre los contendientes, función que corresponde al Tribunal Federal Electoral, que según la visión del PRD, sería seguramente más merecedor de sus invectivas.
Ahora el Congreso, se enreda en un perverso chantaje que entrelaza reformas urgentes con el cese de los consejeros. De actuar así se perpetraría un burdo atropello a la autonomía de una entidad cuya eficacia depende de ésta y se asentaría un ominoso precedente al amparo del cual los partidos políticos tendrían vía libre para utilizar su fuerza legislativa para intervenir y moldear, mediante manipulaciones constitucionales, no sólo a la institución electoral a su gusto y conveniencia, sino a otras instituciones fincadas en el principio de autonomía como son el Banco de México, el INEGI y hasta la Suprema Corte.
El que el PRD y el PRI se hayan asociado para cometer este asalto al IFE y fortalecidos con las dubitaciones inexplicables del PAN, es un peligroso retroceso a los tiempos en que el Gobierno organizaba y manipulaba a su favor las elecciones. Ahora, peor aún, se nos presenta el espectro de procesos electorales sujetos, ya no a una entidad singular e identificable como el Poder Ejecutivo, sino a las resultas de las confusas rivalidades, maniobras y conveniencias inmediatistas de una inconfensable colección de partidos políticos sin visión de patria y el desastroso caos que de ellos resultara.
Septiembre de 2007
juliofelipefaesler@yahoo.com
