Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia.
Mahatma Gandhi
Con el propósito de corregir el artículo 139 del Código Penal Federal, cuya redacción permite que se acuse de terrorista, con prisión hasta de 40 años, a quien se involucre en algún movimiento social o político en que haya violencia, se presentaron en la asamblea legislativa y se aprobaron al vapor el pasado mes de abril, reformas que contienen el argumento de que “es actividad terrorista todo lo que atente contra la seguridad nacional o presione a las autoridades para que tomen una determinación”. Las menciones representan un riesgo para la libertad de manifestación y para la protesta social, al criminalizar las asociaciones masivas que puedan pedir a los gobernantes una respuesta ante necesidades y carestías o referentes a su actuación en el ejercicio del poder.
Formuladas las reformas por los senadores Pablo Gómez y Tomás Torres y firmada por el panista Santiago Creel, el priísta Manlio Fabio Beltrones y los representantes de las fracciones de PT, Convergencia y el Partido Verde, las nuevas disposiciones de la ley resultan riesgosas al penalizar cualquier manifestación social o toma de instalaciones federales. El nuevo texto reza lo siguiente:
“Se impondrá una pena de prisión de seis a 40 años y hasta mil doscientos días de multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos que resulten, al que utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radiactivo o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio, inundación, o por cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que produzca alarma o terror entre la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome alguna determinación”.
Resulta preocupante que a pesar de la promesa de cambiar el texto por parte de PRI y PAN, aun no se realicen las modificaciones al pasaje y que no se elimine la última frase, pues en muchas ocasiones la protesta social es la única vía para presionar a la autoridad para que actúe y dé respuesta a las problemáticas sociales, aunque en muchas ocasiones permanece callada o no da la cara.
La acción represora ha dado muestras de ser uno de los mecanismos que el gobierno del espurio Calderón consolida y que puede ejemplificarse con los casos Atenco (detención de 207 personas, agresiones sexuales a decenas de detenidas), Oaxaca (al menos 20 muertos, detención de 349 personas, agresiones sexuales, 370 lesionados) Yucatán (choque violento contra altermundistas, 19 de ellos aun encarcelados, detenidos durante la visita de Bush) y en las arbitrariedades y abusos del ejército en los operativos contra el narcotráfico (caso Zongolica).
Lo preocupante de la nueva argumentación es cómo se distinguirá el alcance de los actos sociales y qué se considera seguridad nacional y cuál es la definición de violencia que se tomará como referente. Según las nuevas modificaciones, al producir alarma o terror en un grupo o sector de la población se puede criminalizar la protesta, por lo tanto, si empleados de diversas empresas se unen para exigir un aumento de salario o un sindicato amenaza los intereses de un grupo de empresarios, si colonos exigen respuesta sobre pavimentación, alumbrado u otro servicio público, o como en el caso de los camioneros, al perjudicar el servicio público de transporte, la nueva ley puede ser aplicada.
Otro de los problemas que trae el nuevo texto, y lo recalco, es el surgimiento de un estado policial que pueda aplanar cualquier manifestación que pida a los gobernantes solución a las urgencias de la sociedad o alguna de sus partes, como sucede con frecuencia en las presidencias municipales de muchos municipios. En el caso de Torreón, además de no dar la cara, el incompetente alcalde José Ángel Pérez podría acallar a los quejosos por derecho.
Muchos ciudadanos vemos con desagrado los agravios cometidos en el centro y sur del país, —Oaxaca la apoteosis— y debemos temer que no se hagan las correcciones a la nueva ley autoritaria. Si se consideran, por definición (Wikipedia) casos de violencia estructural aquéllos en los que el sistema causa hambre, miseria, enfermedad o incluso muerte a la población, nos daremos cuenta que las necesidades de penalizar la violencia deberían empezar por quienes administran el poder. Lo preocupante también es que no se establezcan prioridades en lo que respecta al combate a la violencia, por lo que siendo los crímenes del narcotráfico una herida imposible de suturar y los operativos un fiasco y una farsa mediática, el gobierno de Calderón vuelca sus armas, represión, leyes y granaderos contra el ya de por sí golpeado pueblo mexicano.
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