Es la hora del poder ciudadano.
Luis Donaldo Colosio
Hace unos días se determinó y aplicó la sentencia a los líderes del movimiento de protesta en San Salvador Atenco a un año de suscitarse la violenta represión de quienes sólo defendían su patrimonio. 67 años serán los que Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicua, dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) tendrán que pasar entambados mientras los policías acusados de abusos sexuales, asesinatos y excesos represores disfrutan un paraíso de impunidad y olvido. En aquel entonces, el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto buscaba pagar una cantidad ínfima a los dueños de la tierra de San Salvador Atenco, para apropiarse de los terrenos y construir un aeropuerto que traería grandes ganancias para él y los empresarios implicados. Tras la negativa de vender sus tierras y para evitar el despojo, hubo enfrentamientos y choques sociales violentos. Ahora, después del veredicto, los legisladores del PRIAN aprueban leyes contra “el terrorismo” que lo único que lograrán será criminalizar a todo ciudadano que proteste contra los abusos y arbitrariedades de esta nueva democracia corporativa y transnacional. El caso Oaxaca, el mejor ejemplo de cómo la complicidad del poder federal y estatal finca la desgracia, el cacicazgo y el autoritarismo.
Antes de la sentencia a los líderes de Atenco, la legislación mexicana sufrió uno de sus más certeros y fulminantes golpes cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que la muerte de la indígena nahua Ernestina Ascensión Rosario fue producto de malestares físicos a pesar de las declaraciones de los familiares de la habitante de la sierra de Zongolica, quien les mencionó, antes de morir, el haber sido víctima de una violación tumultuaria por parte de miembros del ejército; y a pesar de las innumerables pruebas que demostraban el crimen.
Ahora, después de que contribuyó con los videoescándalos para que se dañara la imagen de López Obrador; se libera a Carlos Ahumada con el pretexto de que tras un cambio de juez los procesos estaban errados en su ejecución.
Mientras, en nuestra ciudad centenagria, se acumulan las acusaciones sobre abusos, fraudes y desfalcos cometidos por las autoridades tanto municipales como de los comités encargados de la celebración del Centenario, y no sucede nada. Cuando menos se corre a una que otra persona inmiscuida en los delitos y ya, que siga la maquinaría del abuso y la depredación andando. Ni siquiera en la última fechoría dada a conocer, en la que mediante unas grabaciones se expuso un supuesto fraude cometido en el fideicomiso de seguridad pública, del que según las grabaciones, tenía conocimiento el Alcalde, tampoco se destituyó a las autoridades implicadas. ¿Entonces para quién son las penas más severas que alega desde la televisión el Senado de la República?
La situación es alarmante y no exagero. No se trata del simple enrojecimiento o la pena ajena, los ciudadanos de México estamos ante una imposición de la ultraderecha y una aplicación parcialista de la justicia. Los movimientos sociales de protesta son satanizados y legalmente punibles mientras los banqueros, los empresarios, los usureros, los ladrones, los grandes narcotraficantes, es decir, la delincuencia organizada goza el consentimiento del poder para ultrajar al pueblo y salir indemnes de sus felonías. Tanto en lo nacional como en lo local, México se convierte paulatinamente en un territorio de desigualdad que no tardará en hacer explosión ante las inequidades. Cuando menos lo pensemos, despertaremos y nos daremos cuenta que muchas nuestras libertades habrán sido abolidas mientras nosotros nos preocupábamos por cuestiones intrascendentes, y sí, voy de nuevo al descenso del Santos y otros distractores vanos.
Se puso en marcha una campaña por parte del Instituto Coahuilense de la Juventud en el que se pintan bardas con mensajes sociales. De ella saqué la frase que corona mi texto, campaña que me recordó a las frases de protesta pintadas en las bardas argentinas tras la devaluación de su moneda.
Es la hora del poder ciudadano. Si los habitantes nos uniéramos con el mismo fervor que lo hacemos al rogar el rescate de un club de futbol bastante mediocre, para pedir la destitución y el castigo de las autoridades, avanzaríamos en la consolidación y la aplicación de la verdadera democracia. Pero el problema es que esperamos que alguien venga y nos dirija y nos diga lo que hay que hacer. Todos los ciudadanos podemos detener esta oleada de abusos sin castigo a la que nos vamos acostumbrando peligrosamente, pues un pueblo que es indiferente ante las injusticias está destinado a ser sobajado y victimado por los poderosos de manera cada vez mayor.
Un pueblo que se une y en verdad ejercita su poder popular, es más libre y les enseña a las autoridades que de no cumplir con sus obligaciones y de no llevar un correcto desempeño de sus cargos, les hará responder de manera severa y ejemplar. Rompamos con el círculo de la impunidad. Siempre habrá tiempo. Es la hora del poder ciudadano.
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